Las autoridades aseguran que no hay leyes adecuadas
MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El tráfico de niñas entre las aldeas y las ciudades de Nigeria va en aumento por la falta de voluntad política de las autoridades locales, que esgrimen la ausencia de leyes adecuadas y mecanismos suficientes para frenar un negocio que refleja la pobreza y la desigualdad de género endémicos en el país. Según informa la agencia de noticias de la ONU, IRIN, el Gobierno no llega. Según las organizaciones humanitarias, el Gobierno no quiere llegar.
El director de la oficina de la Agencia Nacional para la Prohibición del Tráfico de Personas (NAPTIP) en el norteño Estado de Kano, Bello Ahmed, reconoce que "el negocio del reclutamiento de chicas adolescentes para labores domésticas en las casas de la clase media y alta y está en su esplendor a pesar de los esfuerzos por ponerle fin".
Según explica, cada vez es más frecuente el tráfico de jóvenes entre doce y diecisiete años de edad que son enviadas a las ciudades para trabajar como sirvientas por nueve euros al mes (1.500 nairas), un dinero que normalmente reenvían a sus familias para garantizar el sustento de los hermanos pequeños.
Las niñas son trasladadas en camiones "como pollos". A pesar los esfuerzos de la NAPTIP por poner fin al tráfico de chicas adolescentes, Ahmed admite que no se ha conseguido acabar con esta práctica. "Cuanto más perfeccionan las agencias sus estrategias para poner acabar con el negocio, más sofisticados se vuelven los perpetradores para llevar a cabo su comercio", explica.
Además de la pobreza, este tráfico de niñas y de mujeres refleja la extrema desigualdad de ingresos y de género que existen en Nigeria. Este problema prevalece en todo el país y obliga a los padres a entregar a sus hijas para el servicio doméstico, convencidos de que con estos trabajos de escasa consideración social sus hijas tienen más garantizado su sustento.
Sin embargo, no es un trabajo cualquiera: "Aparte de negárseles el acceso a la educación, estas niñas son violadas y golpeadas por sus empleadores en muchos casos, por lo que pedimos la creación de un centro de acogida para rehabilitarlas", apostilló Ahmed.
EL CASO DE HINDU
Una situación como esta fue la que vivió Hindu Nasidi, la mayor de cinco hermanos, que a los catorce años fue enviada por su madre, Aisha, a trabajar a la ciudad, a fin de que su escaso sueldo paliara el sobrecoste que en los últimos tiempos presentan los alimentos más básicos. "No tuve otra opción que enviar a mi hija mayor", declara la madre, "porque somos pobres y necesitábamos dinero para comer".
Los empleadores de la chica, descontentos con su modo de lavar los platos, decidieron castigarla introduciendo guindillas picantes en su vagina. Después, la despidieron. "El dinero que le pagaron por el trabajo nos vino muy bien para cuidar a los seis hermanos hasta que sucedió este desafortunado incidente", explicó la madre de la niña.
Cuando Hindu perdió su trabajo, la familia intentó ganarse la vida. Aisha fabricaba manteles de rafia y su marido vendía mangos y melones, pero no es suficiente como para mantener a seis hijos.
FALTA DE LEYES O DE VOLUNTAD POLÍTICA
La falta de una legislación adecuada para perseguir a los traficantes impiden a la NAPTIP iniciar las acciones legales pertinentes para que los traficantes sean detenidos, lamentó Ahmed.
La Ley sobre Derechos del Niño establece cinco años de cárcel y multas de más de 400 dólares para los que obligan a trabajar a los mejores. No obstante, esta Ley ha causado numerosas fricciones entre las autoridades federales centrales, que la defienden, y los consejos legislativos de los Estados del norte de Nigeria, mayoritariamente musulmanes, cuyos líderes religiosos y culturales han impugnado algunas de sus cláusulas por considerarlas contrarias a sus principios.
"Nos inquieta la tendencia a utilizar a las chicas adolescentes como empleadas domésticas, que es una forma de trabajo infantil, y sabemos que la Ley sobre Derechos del Niño trata este asunto", declaró el presidente del Parlamento de Kano, Abdulaziz Garba Gafasa, a IRIN. "No obstante, no podemos apoyar la Ley porque algunas de sus cláusulas entran en conflicto con nuestra religión y con nuestros valores culturales", prosiguió. "Una vez que se expurguen estas zonas grises, la aprobaremos. En caso contrario, elaboraremos leyes de ámbito estatal que sirvan para perseguir a los perpetradores de estos despreciables actos", añadió.
Mohammed Aliyu Mashi, quien colabora con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la lucha contra el tráfico de niños y niñas, considera que es falso que no haya leyes adecuadas para perseguir a los traficantes y que lo que realmente falta es voluntad polítca para actuar.
"El código penal que opera en el norte establece desde cinco años de cárcel hasta cadena perpetua para los convictos de tráfico de niños y trabajo infantil", declaró a IRIN. "El argumento de que no hay leyes es una mera artimaña, una excusa para eludir la persecución de delincuentes debido a la falta de voluntad política de las autoridades", aseveró.
