Entidades denuncian "trabas administrativas" y redadas "racistas" policiales tras un mes de la regularización

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento 'Regularización Ya' ha denunciado "trabas administrativas" y redadas "racistas" policiales tras un mes de la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada el 14 de abril.

"Un mes de la aprobación de la Regularización Extraordinaria en el Consejo de Ministros. Continúan las trabas administrativas en ayuntamientos y consulados. Están vigentes las redadas racistas policiales y los ingresos en CIEs. Siguen deportando personas cada semana", ha asegurado en un mensaje en la red social X el movimiento, formado por migrantes, colectivos y asociaciones "antirracistas".

Recientemente, 'Regularización Ya' también defendió que las entidades colaboradoras se están "dejando la piel" en el procedimiento.

"El proceso de la regularización extraordinaria sigue adelante, pese a los bulos intencionados de las derechas y a las trabas administrativas de todo tipo. El plazo de presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria finaliza el 30 de junio", recordó.

La regularización de migrantes cumple un mes este jueves desde la aprobación del Real Decreto del procedimiento extraordinario en el Consejo de Ministros, una medida que ha abierto expectativas entre miles de personas en situación irregular, pero que también ha intensificado el debate político, jurídico y social sobre sus efectos y alcance.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró más de 130.000 solicitudes presenciales y telemáticas de la regularización extraordinaria de migrantes durante la primera semana, pero no ha vuelto a facilitar cifras sobre el proceso.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto para una regularización extraordinaria de migrantes, en la que está previsto que se beneficien, según el Ejecutivo, aproximadamente medio millón de extranjeros.

El proceso llega tras años de debate político y social, y tiene como antecedente una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos, que reclamaban una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya residían en el país. Aquella propuesta logró un amplio respaldo inicial en el Congreso, aunque su tramitación se fue dilatando hasta desembocar en el actual procedimiento aprobado por el Ejecutivo.