Publicado 25/02/2019 14:00CET

El Gobierno niega "efecto llamada" en inmigración y dice que ha tratado cada caso según los convenios internacionales

Buque Aquarius
MSF - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha negado "efecto llamada" en estos más de ocho meses de mandato y ha subrayado que su política migratoria se han ido tomando en cada caso cumpliendo "de forma responsable y estricta" las obligaciones internacionales que se les exige en materia humanitaria "ante las distintas situaciones que se han presentado".

El Ejecutivo se explica así en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada del PP María Jesús Bonilla. En ella, pide explicaciones al equipo de Pedro Sánchez por el "incremento" registrado en la llegada de inmigrantes a territorio español "desde el mes de junio" de 2018.

"El Gobierno tiene clara su política migratoria y ya desde su constitución comenzó trabajando en la consecución de una inmigración que reuniera los tres requisitos esenciales: ser ordenada, integradora y de carácter comunitario", explica en el texto publicado, recogido por Europa Press.

En este sentido, también explica que las decisiones que ha tomado han sido siempre "de forma rápida y contundente" y "dentro del respeto al ordenamiento jurídico", por lo que, a su juicio, "no puede hablarse en ningún caso de efecto llamada" como sugiere el PP en las preguntas planteadas por Bonilla.

ACTUACIÓN ESPECÍFICA SEGÚN LA SITUACIÓN

Los 'populares' han hablado de un 'efecto llamada' a la inmigración desde que el Ejecutivo socialista decidiera acoger en el puerto de Valencia, en junio del año pasado, al buque humanitario 'Aquarius', con más de 600 migrantes y refugiados a bordo, rescatados en el Mediterráneo. Este buque sería rechazado por España, meses después, asegurando que no era un puerto seguro en esta ocasión. El barco acabó atracando en La Valeta (Malta).

También hubo polémica con el 'Lifeline' y el pesquero español 'Nuestra Señora de Loreto', que acabaron siendo acogidos, también, en La Valeta "por seguridad", según el Gobierno español; y con los barcos de 'Open Arms' y 'Aita Mari', bloqueados en los puertos de Barcelona y Pasaia (Guipúzcoa), respectivamente, sin poder salir a realizar sus labores humanitarias.

Para los de Sánchez, el Gobierno está desarrollando una política migratoria "con plenas garantías de seguridad jurídica, adecuada a la situación específica en la que se halle el migrante y, en todo caso, de conformidad con la normativa reguladora, teniendo en cuenta los diferentes regímenes por los que se regulan las correspondientes autorizaciones de residencia y trabajo".