Actualizado 20/05/2021 20:35

El Gobierno quiere integrar laboral y socialmente a "cientos de miles" de migrantes de aquí a 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del proyecto España 2050,
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del proyecto España 2050, - EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press

   El Plan España 2050 contempla la necesidad de mejorar los trámites para la regularización de extranjeros

    MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera necesario mejorar los trámites de regularización administrativa de los migrantes por vías diferentes a la laboral, tal y como recoge el Plan España 2050, que ha presentado este jueves 20 de mayo.

   De este modo, quiere reducir las dificultades técnicas, el coste y los tiempos de espera en este tipo de regularizaciones con el objetivo último de que la población inmigrante se integre satisfactoriamente al mercado laboral y a la sociedad, y tenga acceso pleno a los mecanismos de protección social y a los servicios públicos.

    A juicio del Gobierno, España debe facilitar la recepción e integración (económica y social) de población extranjera para amortiguar la potencial reducción de la población en edad de trabajar y apuntalar la insensibilidad del estado de bienestar. "De aquí a 2050, nuestro país necesitará registrar, como mínimo, un saldo migratorio neto de al

   menos 191.000 personas al año", recalca, al tiempo que precisa que esta cifra es ligeramente superior a la registrada en las tres últimas décadas.

   Además, añade que si se puede integrar a más, mejor. "Por ejemplo, si

   conseguimos un saldo migratorio anual del orden de 255.000 personas, la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones de personas (en lugar de los 3,7 millones proyectados en un escenario con un balance migratorio de 191.000)", asegura.

   Para lograr este objetivo, también plantea optimizar los trámites de contratación y afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores de origen extranjero y, por otro lado, mejorar los instrumentos de inspección y control laboral para evitar situaciones de abuso y de economía sumergida, tal y como sugiere el Pacto de Toledo.

CONVENIOS BILATERALES DE CONTRATACIÓN EN ORIGEN

   El Ejecutivo quiere también promover la contratación en origen, a fin de satisfacer, de manera más rápida y quirúrgica, las potenciales necesidades del tejido productivo español. "Hacerlo requerirá,

   entre otras cosas, establecer más convenios bilaterales con aquellos países de los que recibimos mayores contingentes migratorios, y actualizar y ampliar los ya existentes", asegura.

   Además, plantea desarrollar mecanismos para mejorar las competencias profesionales y el aprendizaje permanente de las personas inmigrantes, así como su conocimiento de las lenguas oficiales del Estado.

   Junto con ello, insiste en impulsar, a nivel europeo, la adopción de una política migratoria, de asilo y refugio común que favorezca la integración sociolaboral, la activación, el reconocimiento de las

   cualificaciones y el desarrollo de las competencias de las personas migrantes.

   Según el Ejecutivo, la llegada de población extranjera ha sido continua, y con la excepción del período de crisis que se extiende de 2009 a 2014, superando ampliamente el flujo de personas que abandonan el país, lo que ha permitido mantener un crecimiento positivo de su población y superar, a finales de 2019, la cifra de 47 millones

   de habitantes. Sin embargo, avisa de que no ha sido suficiente para amortiguar el progresivo envejecimiento demográfico.

   En todo caso, cree que si se gestiona bien, la llegada de esa población extranjera tendría efectos "eminentemente positivos". "La evidencia empírica demuestra que el aumento de la inmigración no produce un incremento del desempleo, al tiempo que sí beneficia a la economía. Así ha ocurrido, también, en nuestro caso. Entre 1998 y 2007, España recibió 3,8 millones de inmigrantes y la tasa de empleo aumentó en 17 puntos", apunta.

   Así, remarca que la población extranjera tiene unas tasas de actividad y empleo significativamente más elevadas que las de la población autóctona, constituyen una fuerza de trabajo clave en sectores como el de los cuidados o la agricultura, contribuyen a la hacienda pública, y no recurren a los servicios públicos y a prestaciones como las ayudas por desempleo o las pensiones más que la población española.

   "En definitiva, la inmigración puede ser, para un país como España, más una fuente de soluciones que de problemas. Puede ayudarnos a amortiguar el descenso de la población en edad de trabajar, a mantener nuestro peso relativo en Europa, y a garantizar la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar", señala.

   Por todo ello, defiende que hay que integrar laboral y socialmente a "cientos de miles de personas inmigrantes de aquí a 2050 como una de las medidas para evitar la pérdida de fuerza laboral.

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