MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género adscrito al Consejo General del Poder Judicial atribuye el menor impacto de la violencia física y sexual sobre las mujeres españolas en comparación con el resto de las europeas a la implantación de las herramientras previstas en la Ley Integral contra el machismo violento y a la Ley de Igualdad, que "han producido importantes cambios que van transformando la sociedad".
En un comunicado, la institución se refiere así al estudio "Violencia contra las mujeres" hecho público por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), según el cual un tercio de las europeas han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, un 8% el año pasado, frente al 22 por ciento de las españolas que así lo refieren (4% en el año anterior a la encuesta). Con todo, considera los datos "alarmantes".
"En España tanto la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género como la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres han sido la máxima expresión del compromiso de los poderes públicos en la consecución de parámetros de igualdad que sirva de instrumento para combatir este fenómeno", dice el Observatorio.
El organismo con sede en el CGPJ estima que el hecho de que un 78% de las mujeres españolas encuestadas conozcan el teléfono 016 --cuando recursos similares son conocidos en Alemania por el 61%, en Francia por el 59% y en Gran Bretaña por el 52%-- significa que, comparativamente, "esta medida se está implementando de manera adecuada desde las instituciones públicas responsables".
En este sentido, el Observatorio cree que las herramientas previstas en la Ley de Igualdad, como los protocolos de prevención del acoso, explican que España se sitúe en la media europea en cuanto al acoso sexual, mientras que países como Suecia, Dinamarca, Francia, Holanda o Finlandia están a la cabeza, sin perjuicio de que se ha de seguir en esta línea preventiva.
El Observatorio considera de gran trascendencia el dato relativo a la minimización de los hechos por parte de las propias víctimas, lo que lleva a las mujeres a no acudir a la policía o a otros recursos asistenciales, y estima "fundamental" insistir en la formación especializada de los operadores jurídicos.
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