MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Ocho organizaciones especializadas en la lucha contra todas las formas de racismo han creado la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato para impulsar la aprobación de esta Ley integral "tan necesaria", después de que España se haya comprometido ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobar esta norma "próximamente".
La ONG denuncian que esta ley está "en tramitación desde hace 10 años". Tras dos intentos fallidos en 2011 y 2019 para su promulgación, las entidades temen que "vuelva a paralizarse".
"Esta norma es imprescindible para garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades sin discriminación alguna", sostienen, apuntando que mientras no se apruebe, España estará "en deuda con la igualdad".
La alianza la conforman Accem, Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Española, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz-MPDL y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo.
Este jueves han hecho pública dicha alianza con la que pretenden que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.
Las ONG han recordado que numerosas instituciones europeas e internacionales de protección de los derechos humanos llevan muchos años instando a España a dotarse de esta ley que, a su juicio, es "imprescindible para consolidar un régimen normativo eficaz que aborde todas las formas de discriminación que sufren muchas personas".
"AUSENCIA DE MARCO NORMATIVO ADECUADO"
Las entidades que integran la alianza, bajo el hashtag #DeudaConLaIgualdad, quieren incidir en la necesidad de su aprobación ante la ciudadanía. Tal y como han lamentado, hay un ausencia de un marco normativo adecuado para personas que sufren vulneraciones de derechos en base a su origen racial o étnico, siendo víctimas que "han quedado sin resarcir adecuadamente por no existir un régimen de infracciones y sanciones".
Por ejemplo, según han expuesto, hay casos en los que los superiores jerárquicos de una empresa instan a sus empleados a no dar servicio a personas pertenecientes a determinados grupos, identificaciones por perfil étnico o racial por parte de la policía, o cuando particulares se niegan a alquilar una vivienda a personas gitanas o de origen migrante.
"Todas estas situaciones no pueden denunciarse, simplemente porque nuestra normativa es insuficiente y dispersa, careciendo de un régimen sancionador para aquellos incidentes no constitutivos de ilícitos penales", han subrayado.
Por otro lado, han asegurado que hay situaciones en las que, a pesar de denunciar por vía penal, "ha sido imposible lograr una sentencia condenatoria para el agente discriminador, habida cuenta de lo difícil que es probar en este tipo de procedimientos judiciales las situaciones discriminatorias".
Según han señalado, así ha ocurrido en casos de denegación de acceso a personas gitanas o de origen migrante a restaurantes o locales de ocio, de acoso racista por parte de algunos vecinos y vecinas o de hostigamiento por parte de agentes de seguridad privada a mujeres gitanas en centros comerciales o supermercados.
Las ONG recuerdan que este jueves culmina ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el tercer Examen Periódico Universal (EPU) al que se ha sometido el Estado español. Al igual que en las ediciones anteriores, varios han sido los Estados que han incluido, entre sus recomendaciones, la necesidad de aprobar una Ley integral de Igualdad de Trato.
En esta ocasión, las entidades de la alianza han destacado que el Gobierno español ha expresado "de manera muy contundente" su compromiso con el impulso de esta norma, que ha dicho tener la intención de aprobar "próximamente".
Las ONG esperan que, en esta ocasión, el compromiso se materialice realmente. En ese sentido, recuerdan que una primera versión de este texto normativo se remitió al Congreso de los Diputados en 2011, tras más de dos años de trabajos preparatorios en los que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil, aunque su tramitación se vio frustrada por la convocatoria prematura de elecciones. Desde entonces, se ha intentado en varias ocasiones retomar su tramitación, sin éxito.
