PSOE afirma en el Congreso que las expulsiones "se ejecutan" y PP alerta de que España es un "coladero" migratorio

   MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE ha afirmado este martes en el Pleno del Congreso que las expulsiones "se ejecutan", mientras el PP ha alertado de que España es un "coladero" migratorio.

   Así lo han puesto de manifiesto durante el debate de la proposición no de ley del PP en la que insta al Gobierno a ejecutar las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la Unión Europea (UE).

    En defensa de la iniciativa, Ana Alós, del PP, ha acusado al Gobierno de "fracaso estructural" en expulsiones y ha rechazado la regularización extraordinaria de extranjeros que ha puesto en marcha el Ejecutivo. "Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos. Así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen", ha denunciado.

    Asimismo, Alós ha asegurado que España se ha convertido "en el eslabón débil de Europa" en materia de retornos e inmigración. En este sentido, ha recalcado que, entre enero y septiembre de 2025 se notificaron más de 41.000 órdenes de expulsión en el país, aunque, según la Secretaría de Estado de Seguridad, se ejecutaron algo más de 3.000, lo que supone en torno al 7%.

   En cuanto a la regularización extraordinaria, Alós ha defendido que la medida "injusta" para quienes han accedido al país por vías legales. "Es un premio colectivo por el mero paso del tiempo. Y lo que es más grave es un potente efecto llamada que están utilizando ya las mafias e introduce riesgos innecesarios para la seguridad ciudadana", ha advertido.

   "España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte en antesala de la regularización automática. España debe cumplir la ley, debe controlar sus fronteras, cumplir sus expulsiones y estar a la altura de lo que esperan los socios europeos", ha concluido.

   En el turno de portavoces, el socialista Manuel Arribas ha sostenido que la iniciativa del PP "no nace de una preocupación real por la política migratoria ni por la seguridad", sino de una "competición permanente" entre el PP y Vox para ver "quién señala más fuerte al diferente". A su juicio, "cuando se normaliza el discurso del miedo, del odio y del rechazo, se debilita la democracia".

   Igualmente, Arribas ha defendido que "España es uno de los países más seguros del mundo" y ha subrayado que "la inmigración no es sinónimo de delincuencia". Así, ha asegurado que cuando una persona comete un delito "se aplica el Código Penal con independencia de cuál sea su nacionalidad" y que cuando la ley prevé expulsiones por razones penales o de orden público, estas "se ejecutan".

   "Así que, señorías, dejen de alimentar bulos, dejen de insinuar que existe impunidad generalizada, porque lo único que consiguen con este discurso es señalar injustamente a millones de personas honestas que trabajan, que cotizan y que contribuyen cada día a sostenernos", ha destacado.

   En la misma línea, Enrique Santiago, de Sumar, ha arremetido contra el PP y Vox por utilizar la inmigración para "azuzar problemas de convivencia" y generar "desconfianza" hacia los extranjeros.

SUMAR VE INTERÉS ELECTORAL

   También ha cargado contra los 'populares' por asumir planteamientos de Vox para facilitar acuerdos de gobierno en distintas comunidades autónomas. "El Partido Popular está dispuesto a acabar con el Estado de Derecho y con las libertades con tal de que Vox les deje gobernar", ha indicado Santiago.

   Por Vox, Ignacio Gil ha tildado de "invasión migratoria" la situación en España, que la ha achacado a "la política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo desde hace décadas". En el marco del debate, la formación ha presentado una enmienda para endurecer la iniciativa del PP, en la que reclama la derogación del Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Extranjería, que ha dicho que es un "coladero"; ampliación de años para acceder a la residencia de larga duración, la expulsión de extranjeros que delincan y el fin de cualquier proceso de regularización.

   Mientras, Noemí Santana, de Podemos, ha acusado a los 'populares' de "comprar el discurso de la ultraderecha" en materia migratoria y de protagonizar "una carrera por ver quién propone más expulsiones y más mano dura contra las personas migrantes".

JUNTS CRITICA EL MODELO "CENTRALISTA"

   Por Junts, Marta Madrenas ha defendido la necesidad de hacer efectivas las órdenes judiciales de expulsión dictadas contra personas extranjeras que hayan cometido delitos, aunque ha rechazado respaldar la proposición del PP por considerar que se basa en datos "parciales" y en un modelo "centralista incompleto". Si bien, ha responsabilizado al Gobierno de la "falta de transparencia", asegurando que lleva años reclamando información completa y actualizada sobre el número real de órdenes judiciales de expulsión, su grado de ejecución y las causas de los retraso.

   Por su parte, Francesc-Marc Álvaro, de ERC, ha recordado que tras el último congreso del PP, Alberto Núñez Feijóo "prometió endurecer las políticas migratorias". Al día siguiente, según ha detallado, Vox afirmó que si su partido gobernara expulsaría a "ocho millones de personas". "Nunca llegarán ustedes a superar la subasta del señor Abascal. Esta es su condena y esta es nuestra ruina. Por lo tanto, señorías del PP, todo lo que ustedes proponen hoy obedece esta lógica perversa, que es intentar encalzar la subasta perpetua de la ultradreta", ha señalado.

   Igualmente, Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha cuestionado si el discurso del PP en materia migratoria responde a intereses electorales. "Escuchando el discurso del Partido Popular de 'efecto llamada', 'migración ilegal', 'coladero', uniéndolo a la regularización, dando datos, diciendo que 'delinquir sale gratis'. Esto es el discurso de Vox. ¿Qué ocurre? ¿Es un acto de campaña para las elecciones de Castilla y León? ¿O no les ha ido muy bien en Extremadura y en Aragón, que aún ganando han perdido? ¿Está ahí en la cuestión del debate? ¿Es una proposición electoral?", ha preguntado.

   Por UPN, Alberto Catalán ha afirmado que el Gobierno "no tiene una política migratoria real y efectiva" y le ha acusado de actuar "sin criterio" y en función de "intereses partidistas" y, "en ocasiones", en contra de la Unión Europea. Además, ha criticado la "opacidad" del Ejecutivo en relación con la nacionalidad de las personas afectadas por órdenes de expulsión, denunciando que evita facilitar esos datos alegando posibles "problemas" en la política exterior.