El PSOE insiste en que la UE no permite una regularización generalizada de migrantes, una medida que reclama Sumar

Promotores de la ILP defienden en el Congreso que "es cuestión de democracia", con apoyo de ERC, Bildu, BNG y PNV, y el rechazo de PP y Vox

Archivo - Un cartel donde se puede leer "No es caridad, es justicia social" en una concentración para exigir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular, a 19 de febrero de 2022, en Madrid (España).
Archivo - Un cartel donde se puede leer "No es caridad, es justicia social" en una concentración para exigir la regularización de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular, a 19 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo
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Publicado: martes, 12 marzo 2024 14:51

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha insistido este martes en la Comisión de Trabajo del Congreso en que la Unión Europea no permite una regularización generalizada de migrantes, una medida que reclama Sumar y que ha defendido la Plataforma Esenciales.

Se trata de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de 500.000 migrantes registrada en la pasada legislatura y cuyo trámite parlamentario se ha retomado en esta ya que las ILP son las únicas iniciativas que no decaen cuando se disuelven las Cortes.

En el debate posterior a la defensa de la ILP por parte de sus promotores, el socialista Luc André Diof ha subrayado que el marco jurídico europeo "no permite una regularización generalizada". "Lo que se nos permite ahora es lo que estamos haciendo, que es la reforma del reglamento de extranjería", ha afirmado para añadir que el PSOE seguirá trabajando por "una inmigración circular".

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Elisa Garrido, ha señalado previamente que en el PSOE están "genuinamente preocupados por los españoles y por cualquier persona que esté en situación de vulnerabilidad".

Garrido ha respondido también a Gonzalo Fajul Suárez, representante de la Comisión Promotora de la iniciativa, que había acusado al Gobierno de tratar de hacer "una regularización encubierta". La parlamentaria ha precisado que el PSOE no está de acuerdo en que exista "ahora mismo" una regularización "encubierta". "Lo que ha hecho el Gobierno a través de las modificaciones del reglamento de extranjería son regularizaciones de una manera transparente, conocida, eficaz y ajustada a derecho de tal manera que todos los agentes que participan en esta cuestión las conocen perfectamente y saben cómo utilizarlas", ha matizado.

La respuesta no ha satisfecho a su socio de Gobierno, Sumar, que defiende la regularización extraordinaria. Así, el parlamentario Vicen Vidal ha pedido al PSOE "claridad" y que se posicionen. "No se queden en lo fácil de criticar los discursos xenófobos y los discursos de ultraderecha que han hecho el Partido Popular y Vox en este momento", ha expuesto.

VOX CREE QUE ES UNA "IRRESPONSABILIDAD" Y PP QUE "NO ES EL MOMENTO"

Por su parte, Vox y PP se han mostrado en contra de la iniciativa. En concreto, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, ha destacado que la regularización extraordinaria de extranjeros "no es la vía adecuada para el control de flujos migratorios irregulares y tampoco para corregir la irregularidad". Además, ha subrayado que el PP considera que tampoco es el momento, con llegadas irregulares diarias a España.

Desde Vox, Rocío De Meer, ha asegurado que "sería una gran irresponsabilidad" y que "se generaría efecto llamada". "Los que entran de modo irregular tienen malas intenciones, pero desde luego quienes tienen malas intenciones entran por la puerta de atrás, entran de modo irregular y no lo digo yo. Lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con sus libros de detenidos", ha denunciado.

Mientras, Rego Candamil ha reiterado el apoyo del Bloque Nacionalista Galego (BNG) a esta iniciativa, que entienden que es "de justicia" y que "no se puede esperar más".

En la misma línea se ha mostrado la diputada por del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Maribel Vaquero, que ha señalado que se trata "una cuestión de derechos humanos". Asimismo, el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha recalcado que "es una razón de dignidad humana, una razón ética".

Finalmente, Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha expuesto que "por respeto" a la recogida de firmar se tendría que tramitar esta ley. "Si quieren hacemos un debate más profundo, y puede haber enmiendas, lo que rechazar esta ley es de una indignidad brutal", ha asegurado.

La Plataforma Esenciales -formada por #Regularización Ya, Fundación Ciudadanía Global, proCausa, Redes, Alianza por la Solidaridad-actionaid y Partido Por un Mundo Ms Justo- ha defendido la iniciativa por segunda vez en la Cámara Baja.

"ES UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA"

"La regularización es una cuestión de coherencia, de democracia, de justicia social y también hay que decirlo, de crecimiento económico, que ayudará a frenar la desigualdad de derechos que existe en nuestra sociedad", ha asegurado Yolanda Edith Espínola.

Las ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que el pueblo puede realizar sus propias propuestas legislativas al Congreso presentando un mínimo de 500.000 firmas respaldando la iniciativa.

Asimismo, Espinola ha explicado en su intervención que durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, presentaron un total de 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central.

En esta misma línea, ha expuesto que más de 80 ayuntamientos españoles, un cabildo insular, una diputación y un parlamento autonómico han apoyado la iniciativa. Todos ellos, según ha apuntado han enviado al Congreso de los Diputados su aval a la iniciativa. Entre estos municipios están Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, así como el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz y el Parlamento Vasco.

Edith Espínola también ha denunciado que la irregularidad condena a miles de personas a "la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad". Además, ha indicado que cerca de una tercera parte de las personas en situación administrativa irregular son menores de edad, lo que supone "una grave amenaza para sus derechos más básicos".

También ha señalado que la irregularidad conlleva "a la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad española". Así, ha reclamado una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España "ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos". En este sentido, ha explicado que esta iniciativa "no es ajena a prácticas políticas estatales y europeas" y ha apuntado que desde el año 1996 se han promovido nueve regularizaciones extraordinarias, tanto por gobiernos del PP, como del PSOE.

"Hace un año mi compañero Lamine Sarr les urgía a dar un paso. Hoy les repito las mismas palabras. Seamos valientes, sean valientes. Es lo único de lo que no se van a arrepentir. Regularización ya señorías, regularización ya", ha concluido.

Gonzalo Fajul Suárez ha señalado que desde el Ejecutivo "reconocen que es necesaria la regularización, reconocen que la regularización es urgente, pero no se atreven a plantearlo de manera pública y se está planteando de una manera encubierta".

También ha agregado que es "necesario" poner "más en orden" un sistema, que, según ha expuesto, es "caótico". "La irregularidad no es buena para nadie, desde luego no para los migrantes en situación irregular pero no es buena para cualquiera que crea que España debe tener un orden en sus fronteras. La regularización es lo más justo pero es lo más inteligente", ha afirmado.

Por otro lado, Aziz Faye, también representante de la Comisión Promotora de la iniciativa, ha destacado que no solo quieren exigir "una vida digna para las personas migrantes", sino además "cambiar las reglas del juego". "Nuestra exigencia en la demanda de la regularización se basa en las más elementales políticas de acceso a derechos, para hacer posible una sociedad igualitaria en la que ninguna persona quede excluida de la educación, la sanidad, el trabajo y la vivienda por sus condiciones de origen racial o de religión. La abstención no puede ser una opción para ninguna fuerza política", ha indicado.

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