Regularización Ya pide en el Congreso ampliar los plazos del proceso extraordinario y denuncia trabas y deportaciones

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Regularización Ya ha pedido este miércoles en el Congreso de los Diputados ampliar el plazo de la regularización extraordinaria de migrantes y denuncia trabas administrativas y deportaciones.

En este sentido, una de las portavoces del movimiento, Victoria Columba, en declaraciones a medios frente a la Cámara Baja, ha presentado una proposición no de ley que busca extender el plazo para presentar solicitudes, actualmente fijado para el 30 de junio.

ESPERAN CONTAR CON EL PSOE

La iniciativa, impulsada por Regularización Ya cuenta con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. Si bien, la plataforma espera, además, que el PSOE se sume al apoyo de la propuesta durante su tramitación parlamentaria.

Columba ha insistido en la necesidad de que el Gobierno dé una respuesta ante los "problemas" detectados en el proceso de regularización. Entre ellos, ha destacado "demoras" en la admisión de expedientes superiores al plazo previsto de 15 días, la escasez de resoluciones favorables, "prácticamente inexistentes" y una "confusión muy grande" por parte de las administraciones.

"La fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante", ha asegurado.

De la misma manera, Columba ha denunciado dificultades relacionadas con el pago y validación de tasas, así como situaciones de abuso económico hacia migrantes en situación de vulnerabilidad. "Y hemos notado que los abogados están construyendo la casa, el chalet y la piscina con las estafas que han realizado a muchísimas personas en situación de extrema vulnerabilidad", ha señalado.

PROBLEMAS CON CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES

En esta línea, ha precisado que han detectado "problemas" para obtener certificados de antecedentes penales y documentos de nacimiento en países como Argelia, Cuba, Nigeria, Guinea-Conakry, Chad y Siria.

Columba ha reclamado una mayor implicación del Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar la expedición de estos documentos y ha denunciado retrasos, cierres temporales de oficinas y presuntas irregularidades en algunos consulados que estarían afectando a la tramitación.

Por otro lado, uno de los principales motivos de preocupación para el movimiento son las deportaciones de personas que ya han iniciado su proceso de regularización. "No se puede permitir durante un proceso de regularización extraordinaria como el que estamos teniendo, que es un hito histórico, no solo porque las personas migrantes y las entidades estamos sosteniendo este proceso, sino también porque es un hito para la democracia española", ha expuesto Columba.

Así, ha recordado que el Defensor del Pueblo ha realizado recomendaciones relacionadas con estas situaciones y ha exigido la suspensión de las deportaciones mientras los expedientes estén siendo evaluados.

"Queremos acabar con los CIE y las deportaciones y queremos que este proceso de regularización extraordinaria se extienda hasta que alcance a todas las personas más vulnerabilizadas por la ley de Extranjería", ha subrayado.

MERCADO IRREGULAR DE COMPRAVENTA DE CITAS

Desde Regularización Ya también han criticado la falta de citas disponibles en las oficinas de extranjería, especialmente para la toma de huellas y han denunciado la existencia de un mercado irregular de compraventa de citas.

Según ha explicado Columba, han solicitado al Ministerio del Interior que refuerce los recursos disponibles para agilizar la gestión de expedientes y evitar que personas queden fuera del proceso por causas ajenas a su voluntad.

"No puede ser que el negocio de las citas de extranjería siga lucrando a muy pocas personas y hundiendo a las personas más vulnerabilizadas por la ley de Extranjería y por esta regularización extraordinaria que no es gratuita", ha aseverado.

El movimiento ha pedido que se debata la iniciativa en el Congreso "lo más urgente posible" porque "quedan tres semanas para regularizar a mucho más de medio de personas que se encuentran viviendo y trabajando en la precariedad y en la exclusión en este país".