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La organización detecta internamientos inadecuados en CIE en 2022: ciudadanos UE, menores o víctimas de violencia de género
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El servicio de prevención de suicidio en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se activó 51 veces en 2022, 27 de ellas en Madrid, según alerta el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) en su informe sobre los CIE correspondiente al año pasado y presentado este lunes.
"Necesitamos que se proteja la integridad y la vida de los internos", ha afirmado la abogada de Pueblos Unidos y coordinadora del área CIE en SJM, Ana Bosch Nocea.
La SJM además, advierte de que hay "problema de fondo" en la situación de los CIE en 2022 que son "las diferencias de régimen entre unos y otros" centros. A su juicio, falta elaborar normas de régimen interior en cada CIE, armonizadas por la Dirección General de la Policía, y de acceso público que eviten diferenciaciones entre internos cuando estos están en un CIE u otro.
"Cuando hemos tenido acceso a las cifras hemos visto que hay una gran diferencia en la aplicación del aislamiento según los centros. En Algeciras ha habido dos personas que han sido aisladas mientras que en Barcelona han sido 85, teniendo en cuenta la diferencia de capacidad de los centros impacta muchísimo aun así. Igualmente llama la atención la duración de las medidas, la media de duración de los centros en aislamiento son tres días, mientras que en Valencia hay una media de 15 días", ha explicado Bosch.
En este sentido, Bosch ha añadido que estos casos "llaman a reclamar cuales son los límites de los aislamientos, en que condiciones se dan y con qué criterios se aplican los motivos" para los mismos.
Del mismo modo, la SJM ha denunciado casos de personas internadas con problemas de salud de cierta entidad a los que no podía dar respuesta el servicio médico-sanitario o a una derivación puntual al hospital.
El autor del informe y el director la Asociación Claver-SJM, Josep Buades, ha asegurado que los servicios médicos de los CIE "no alcanzan a tratar a las personas que lo necesitan". "Nos encontramos con personas que tienen infecciones de salud como para preguntarse qué hacen allí", ha destacado.
En este sentido, un estudio de la Universidad de Sevilla para valorar el nivel de salud mental de las personas internas, en colaboración con SJM, observó sintomatología ansiosa y depresiva, así como intentos de autolesiones, en 7 de cada 10 entrevistadas. En el 70% de estos casos, los síntomas comenzaron a raíz del internamiento.
"ENTORNOS TORTURANTES"
"El problema de los CIE es un problema muy grave al que habría que ponerle solución, falta mucho por avanzar. Se deberían definir como entornos torturantes. Son espacios en los que se declaran condiciones que generan situaciones de tortura. Es fundamental intentar mejorar las condiciones y no olvidarse nunca de que el objetivo es el cierre", ha afirmado Jorge del Cura, del Centro de Prevención y Denuncia contra la Tortura.
En este contexto, Bosch, ha añadido que "no tiene pinta" de que vayan a desparecer "pronto" los centros porque "están invirtiendo mucho dinero en las instalaciones para hacerlos más grandes o en construir nuevos".
Por otro lado, el SJM denuncia internamientos que "no son procedentes", por ejemplo, de ciudadanos de la UE, o con régimen comunitario; solicitantes de protección en otros países; posibles menores, mujeres que han sufrido violencia de género o personas con largas trayectorias de arraigo.
La organización ha manifestado su "preocupación" al detectar estos perfiles pero, además, también critica una diferencia de régimen entre centro que, según indica, implica "desigualdad de derechos o la falta de servicios sanitarios a los internos.
Según los datos del Ministerio del Interior, el año pasado hubo 2.082 personas internadas en CIE, lo que supone un aumento de 241 personas, con respecto a 2021. La entidad ha explicado que esta cifra está "influida por las medidas de prevención de contagios y por las políticas de readmisión de otros Estados".
44 MUJERES INTERNADAS
También destaca en los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que hubo durante todo ese año 44 mujeres internadas "de nacionalidades muy variadas", 23 de las cuales solicitaron protección internacional. Solo nueve fueron admitidas a trámite.
Además, 11 menores de edad internos fueron identificados el año pasado, 7 de ellos en Valencia, por lo que la SJM recuerda que "el internamiento de menores de edad es contrario a la ley, al igual que el ingreso de ciudadanos de algún estado miembro de la UE". En este último caso, figura que 42 personas de la UE fueron internadas en 2022 (26 de ellas en Valencia).
Respecto a las causas del internamiento, el 41% del total fue por estancia irregular, y otro 41% del total lo fue por entrada irregular en patera. La estancia media en CIE fue de 30,20 días, teniendo en cuenta la baja o nula actividad de los centros de Murcia y Tenerife el pasado año.
"Los CIE son un símbolo de hostilidad y de rechazo hacia las personas extranjeras que se materializa en la vulneración de sus derechos. Por ello, vemos con creciente preocupación la falta de voluntad política para abordar la realidad de los CIE, la opacidad del internamiento, una tendencia a la desmovilización social y de denuncia hacia la realidad de los CIE que llevan a tener un menor espacio en la esfera pública y la creciente dificultad para el acceso a las organizaciones sociales que acompañan a los internos", ha señalado la coordinadora de SJM, María Carmen de la Fuente, durante la presentación del informe.
Por otro lado, el SJM ha informado que el Estado español repatrió de manera "forzosa" a 3.642 personas en 2022, el 53,12% desde CIE. Por el contrario, el 45% de las personas que salieron desde CIE en 2022 fue por su puesta en libertad. En el caso de las mujeres, no se expulsó al 70% de las internas.
Los "altos" índices de salidas por ejecución de retorno forzoso destacan en Las Palmas (82,5%) y Algeciras (61%) al contrario que el CIE de Barcelona, con un 64% de puestas en libertad, según SJM.
Finalmente, la entidad reclama un mayor discernimiento en los procedimientos de autorización de internamiento y también advierte de que se ha observado una "mala práctica" con algunas personas internadas que manifestaron su voluntad de solicitar protección internacional y a las que, "en vez de facilitar la entrevista correspondiente" les han hecho "firmar un documento en el que consta, con la puesta en libertad, su renuncia al procedimiento de protección".
