NUEVA DELHI, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno indio anunció ayer, jueves, un paquete de ayuda de más 12.655 millones de rupias (222,5 millones de euros) para las víctimas del escape tóxico que se produjo en 1984 en la fábrica de pesticidas de Union Carbide Corporation (UCC) de Bhopal (centro de India), que causó alrededor de 20.000 muertos, pero los afectados lo consideran insuficiente.
Este dinero beneficiará a 45.000 personas, entre los familiares de los fallecidos, los que sufren una discapacidad permanente a causa de los efectos del escape, los que tienen cáncer o han tenido un fallo renal total y aquellos que han tenido una discapacidad temporal. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a concluir en 2012 la retirada los residuos tóxicos de la zona afectada.
Pero un grupo de víctimas que se reunieron anoche en el centro de Nueva Delhi mostraron su insatisfacción con las nuevas medidas, ya que consideran que no van a beneficiar a todas las personas perjudicadas por el escape tóxico, que, según dijeron, ascienden a unas 60.000.
Por otro lado, el Gobierno va a pedir la opinión del fiscal general sobre si se puede responsabilizar a Dow Chemicals, la actual propietaria de UCC, o a cualquier otra empresa derivada de UCC o de Unión Carbide India Limited por lo que ocurrió entonces, según dijo la ministra de Información y Radiodifusión, Ambika Soni, citada por la agencia de noticias india PTI.
En 1989, Union Carbide llegó a un acuerdo extrajudicial con el Gobierno indio por el que pagó 470 millones de dólares a cambio de no tener que asumir ninguna responsabilidad por los costes de la atención médica que requerían las víctimas o de la limpieza de la zona. Pero el Ejecutivo indicó ayer que va a estudiar la posibilidad de conseguir una indemnización mayor y que va a pedir de nuevo a Estados Unidos la extradición de Warren Anderson, que en 1984 dirigía la matriz estadounidense de Union Carbide, una solicitud que Washington ha rechazado en varias ocasiones.
Las autoridades indias también van a recurrir una sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 1996 que suavizó los cargos que pesaban contra los acusados, de forma que la sentencia máxima sólo podía ser de dos años de prisión, señaló la ministra. El pasado 7 de junio, un tribunal indio condenó a dos años de cárcel a siete directivos de Union Carbide y a una multa de 500.000 rupias (10.600 dólares, casi 8.900 euros) a la delegación india de la compañía estadounidense.
