VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid dictó sentencia absolutoria en el caso de las cinco personas, dos de ellas españolas y tres chinas, acusadas de explotar a trabajadores del país asiático en un taller textil ubicado en la localidad vallisoletana de Berrueces, donde, según el acusador público, los operarios eran sometidos a "condiciones leoninas" que incluían desde salarios ridículos hasta la retirada de sus pasaportes con el fin de garantizar su permanencia en el centro de trabajo.
Pese a que el Ministerio Fiscal había pedido para cada uno de ellos un año de cárcel, inhabilitación por el mismo periodo para continuar con la actividad mercantil y multas de 4.500 euros por delito contra los derechos de los trabajadores, la juzgadora decidió absolver a los imputados al no considerar acreditados los hechos en que se sustentaba la acusación pública y que se basaban en la investigación policial, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En concreto, a los acusados, José Antonio M, José V, Wen Jun Q. y sus dos hijos Gang Wen y Gang Miao, quienes regentaban en 2004 en Berrueces un taller textil bajo la denominación de 'Confecciones Mas Cuatro S.L', se les imputaban actuaciones delictivas tales como retener a los trabajadores bajo amenazas y mediante la retirada de pasaportes, jornadas abusivas de hasta 14 horas diarias, el pago de salarios muy por debajo de lo estipulado y darles alojamiento sin que cumplieran los mínimos requisitos de higiene.
La absolución contrasta con la postura del fiscal, quien en el juicio consideró acreditada la existencia de un "abuso de situación de necesidad" y "condiciones laborales que restringían claramente los derechos de los trabajadores", quienes, tal y como denunció, llegaban a España procedentes de su país tras ser captados con métodos "poco adecuados" y se veían obligados a aceptar cualquier orden debido a la fuerte inversión que habían tenido que hacer para costearse el viaje.
A ello obedecía, en palabras de la acusación pública, que los empleados asumieran sin rechistar jornadas abusivas y mínimos salarios, como el caso de tres de ellos que a lo largo de casi cinco meses percibieron cada uno una media de 100 euros por todo ese periodo. "Además, les retenían los pasaportes o la documentación que regularizaba su situación, prueba del control, abuso y dominio bajo el que se encontraban", dijo el fiscal, quien particularizó este férreo control en las personas de Gang Wen y Gang Miao, hijos ambos del también imputado Wen Jun Q.
CRÍTICAS A LA POLICÍA
Por su parte, los tres letrados de la defensa solicitaron la libre absolución de los cinco imputados por falta de pruebas, tal y como ha ocurrido finalmente; alegaron que el supuesto impago de salarios debería de haber sido abordado en un procedimiento laboral, y criticaron abiertamente la labor llevada a cabo por la Policía Nacional.
En este sentido, el abogado de los tres ciudadanos chinos personalizó sus críticas en la persona del que entonces era jefe de la Brigada de Extranjería, cuya actuación calificó de "negligente" y generadora de "gravísimos perjuicios" a sus patrocinados, "una familia que lleva trabajando en España 22 años con distintas empresas y sin que hasta entonces hubiera tenido problema alguno con la Justicia".
El defensor añadió que lo que en principio vendió la policía como una "mafia china, una red de introducción y contratación ilegal de extranjeros que luego los mantenía secuestrados en el centro de trabajo y alojados en condiciones infrahumanas" se había ido diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua hasta quedar reducido a un mero problema de impago de salarios, que también consideró no acreditado.
Criticó igualmente que la policía, en lugar de investigar primero para cerciorarse de la situación, "se inventara una película" que es la que ha dado lugar al presente procedimiento e hiciera un "auténtico ridículo".
