Aseguran que policías locales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias cuentan con este tipo de armas
MADRID, 27 Sep. (OTR/PRESS) -
Amnistía Internacional ha denunciado el descontrol y la falta de regulación en España sobre las armas tipo taser, más conocidas como defensas eléctricas, en un contexto en el que algunas fuerzas de seguridad anuncian su adquisición y policías locales de al menos tres Comunidades Autonómas disponen de ellas. Esta es la principal conclusión del Informe "Voltios sin control. Uso de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas de seguridad en España" que la organización ha presentado de forma simultánea en Cataluña, Valencia y Canarias, donde de acuerdo a la información recibida, algunos policías locales cuentan con este tipo de armas.
La organización pide al Gobierno español que suspenda el uso y los planes de adquisición de este tipo de armas por parte de fuerzas de seguridad del Estado, y que impulse esta suspensión en las policías autonómicas y locales. Mientras esto ocurre, la organización pide al Gobierno que aplique y refuerce las medidas de regulación y control sobre este tipo de armas que, por sus características inherentes, son susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos contra los derechos humanos.
"El hecho de que varios gobiernos hayan prohibido el uso de defensas eléctricas a particulares y restringido su utilización a determinados funcionarios se debe a que reconocen que pueden provocar fácilmente sufrimientos y lesiones innecesarias e incluso la muerte. Su comercio igualmente ha sido objeto de restricciones al admitirse que estos dispositivos pueden utilizarse para infligir tortura y ser un fácil instrumento de uso abusivo" afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
DESCARGAS DE 50.000 VOLTIOS.
Las pistolas paralizantes de electrochoque Taser tienen la capacidad de infligir dolor severo mediante la descarga de 50.000 voltios al cuerpo con sólo apretar un botón y sin dejar marcas relevantes, lo que las convierte en un instrumento muy peligroso susceptible de ser utilizado para torturar y maltratar. Este tipo de armas arrastra un inquietante historial de abusos contra los derechos humanos allí donde su uso se ha extendido, como Estados Unidos o Canadá. Por ello, Amnistía Internacional reclama la suspensión de su empleo a la espera de una investigación a cargo de expertos independientes sobre los efectos en la salud de las personas que provoca su utilización.
Para esta organización humanitaria, en el marco de las obligaciones de prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Gobierno central debe adoptar en todo el territorio las medidas necesarias para regular el uso de las armas tipo Taser; una responsabilidad que también deben asumir los gobiernos autonómicos en su ámbito de actuación.
Según el estudio de AI, aunque el uso de armas tipo Taser no se ha generalizado, sí que ha ido en aumento. Algunas Policías locales y autonómicas han adquirido este tipo de armas en los últimos años, incorporándolas como dotación de sus agentes o con el fin de probarlas. La Policía Nacional, la Guardia Civil y la mayor parte de las policías autonómicas y locales no disponen de defensas eléctricas como dotación. En el caso de la Policía Nacional, sólo los GEO (Grupo Especial de Operaciones) dispondrían de varios ejemplares.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra ha adquirido estas armas para su evaluación, al igual que la policía autonómica de Cataluña, los Mossos d'Esquadra. En Canarias, sin embargo, las defensas eléctricas forman parte del material básico de las policías locales. La normativa de la Comunidad Valenciana las considera dotación opcional. Y al menos otras cuatro Comunidades Autónomas tienen una normativa ambigua que abre las puertas a la utilización de estas armas como parte de la dotación de las policías locales.
"España tiene una posición incoherente sobre las armas tipo Taser. Mientras el Gobierno asegura que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil mantienen la decisión de no adquirir defensas eléctricas para la dotación de sus unidades, en base a los riesgos que se pueden generar, este mismo criterio no vale para algunos cuerpos de policía autonómica y local", subrayó Beltrán.
El Ministerio del Interior, a pesar de que Amnistía Internacional lleva más de dos años alertando sobre el uso de armas tipo Taser por parte de policías locales, afirma no tener información sobre ello. A juicio de Amnistía Internacional, este desconocimiento significa también carecer de información sobre las condiciones de habilitación, en concreto, en qué casos y con qué garantías se utilizan o si los agentes autorizados reciben la formación adecuada que incluya los contenidos de derechos humanos.
"Las Comunidades Autónomas que han respondido a la solicitud de información de la organización dicen desconocer o no tener constancia de la utilización de estas armas en sus Comunidades, insistiendo en que se trata de una competencia local. La escasa regulación que existe en este tema contrasta con las estrictas normas en otros ámbitos de las Policías Locales como lo relativo a uniformes o distintivos", asegura Beltrán.
Para AI, la muerte de una persona bajo custodia en agosto de 2005 en una de las dependencias de la Guardia Civil en Roquetas de Mar tras ser reducido con medidas reglamentarias y no reglamentarias, entre las que se incluyen descargas provocadas con una defensa eléctrica, es un claro ejemplo del abuso de estas armas además de poner de manifiesto la tenencia ilícita de las mismas. Sobre este último aspecto, a la organización también le preocupa que se puedan estar vendiendo ilegalmente en España defensas eléctricas de diferente voltaje tanto a particulares como a miembros de las Fuerzas de Seguridad sin la necesaria habilitación.
Donde la situación es especialmente preocupante es en Estados Unidos. Según las investigaciones llevadas a cabo por AI, entre junio de 2001 y junio de 2007 un total de 269 personas han muerto tras recibir descargas por armas Taser utilizadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En el 2006 ocurrieron 75 muertes, mientras que de enero hasta junio de 2007 ya se contaban 33 personas muertas, cinco más que el número encontrado en el mismo período el año anterior. En 39 casos, los forenses encontraron que el empleo de las armas tipo Taser fue causa o factor contribuyente de la muerte.
