Advierten que no será posible mejorar las prestaciones sin aumentar las cotizaciones o la edad de jubilación
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Analistas económicos consideran que la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno ha generado unas expectativas en materia de prestaciones económicas y servicios asistenciales que no podrá cumplir "ante la falta de mecanismos explícitos de financiación", según un estudio presentado hoy por la firma PricewaterhouseCoopers.
La mayoría de los expertos encuestados consideran que el hecho de no haber cerrado la participación financiera de las comunidades autónomas y de las corporaciones requerirá fondos adicionales por parte de estas administraciones.
De hecho, la semana pasada, los consejeros autonómicos criticaron la financiación prevista al entender que queda por debajo del coste de la plaza residencial. El anteproyecto que prepara el Gobierno sobre financiación recoge una aportación de hasta 1.014 euros mensuales por persona, que deberán financiar a partes iguales el Gobierno y las autonomías.
La mayoría de los expertos consultados subraya que el gasto del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será "claramente superior" al 1 por ciento del PIB que calcula el Gobierno, por lo que el aumento presupuestario deberá ser "mucho mayor" dado el envejecimiento esperado de la población.
Además, casi el 80 por ciento de los encuestado opina que no es posible cumplir de manera simultánea todos "los objetivos que proclama el Gobierno", especialmente la mejora de las prestaciones y la viabilidad sin aumentar las cotizaciones o la edad de jubilación.
PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS ASEGURADORAS.
Por otra parte, más de la mitad de los consultados considera que la participación de las empresas aseguradoras de la dependencia debería haber ocupado un lugar más destacado en el marco de financiación establecido por la Ley.
En este sentido, advierten de que los hogares españoles poseen un "apreciable patrimonio inmobiliario" que debería aplicarse a la financiación de la depedencia mediante el fomento de instituciones y productos para la conversión de este patrimonio en flujos de rentas y servicios para la dependencia o la jubilación. "la ley podría haber articulado más decididamente esta capacidad privada", apuntan.
Los expertos echan de menos algunas medidas respecto a la jubilación, como una mayor flexibilidad en el proceso, "de forma que el sistema de pensiones no perdiera recursos", o la ampliación del periodo de cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, en vez de los actuales quince años previos al retiro.
