El CERMI pide a Justicia accesibilidad para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás

Ministerio de Justicia
EUROPA PRESS
Europa Press Sociedad
Actualizado: jueves, 29 marzo 2012 16:21

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas dirigidas al Ministerio de Justicia en relación de la reciente aprobación del Real Decreto de mediación en asuntos civiles y mercantiles, con el objetivo de garantizar la accesibilidad a la Justicia, permitiendo que las personas con discapacidad puedan ejercer "plenamente" su derecho a utilizar esta fórmula complementaria de la Administración de Justicia.

A través de una carta trasladada a la secretaria general técnica del Ministerio, Mireya Natalia Corredor, esta organización plantea una serie de propuestas, que se ajustan a la necesidad de garantizar la accesibilidad a la Justicia, atendiendo las necesidades de cada discapacidad, tanto en la información previa como al procedimiento de mediación.

En este sentido, explica que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España, obliga a tomar las medidas "pertinentes", incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan una discriminación para las personas con discapacidad.

El CERMI recuerda que el tratado internacional dicta que hay que adoptar las medidas "pertinentes" para desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público, así como asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad.

Además, también establece que, con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva, adaptándose a "exigencias de accesibilidad y de eliminación de obstáculos y realizar ajustes razonables, en todos los ámbitos de la vida, incluidos los bienes y servicios a disposición del público".

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