El Congreso restituye la posibilidad de pedir asilo en las embajadas españolas

Europa Press Sociedad
Actualizado: viernes, 19 junio 2009 18:41

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado la incorporación en el proyecto de reforma de la Ley de Asilo la posibilidad de pedir refugio en España a través de sus embajadas y consulados, siempre que el interesado no sea nacional del país en el que se encuentra la representación diplomática y corra peligro su integridad física.

Esta posibilidad, contemplada en la legislación vigente, había sido suprimida en la propuesta del Gobierno, lo que provocó la reacción de las principales organizaciones de Derechos Humanos, quienes pidieron a los diputados que restituyeran esta opción, como finalmente ha sido.

El dictamen del proyecto de ley, que reforma la norma de 1984, fue aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo ERC-IU-ICV. Una vez que el texto sea aprobado en el Pleno del Congreso del próximo jueves, será enviado al Senado.

Asimismo, la comisión también ha restituido el papel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la supervisión de las solicitudes, organización que perdía protagonismo en el inicial proyecto de ley.

"MÁS GARANTÍAS"

Los portavoces del PSOE, PP y CiU, --Juan Moscoso del Prado, Gonzalo Robles y Mercè Pigem, respectivamente--, destacaron que la nueva ley mejorará el procedimiento, simplificará los trámites y será más garantista porque, entre otras medidas, clarificará los motivos de persecución e incorporará entre ellos los de género, identidad u orientación sexual.

Asimismo, resaltaron que el texto ha puesto al mismo nivel los derechos que el Estado reconocerá a los sujetos de protección subsidiaria (amparados por razones humanitarias) y los asilados o refugiados (por motivos de persecución), dos categorías de amparo internacional que en la ley en vigor se trataban por separado.

En cuanto a las cuestiones procedimentales, los grupos han acordado enmendar la propuesta del Gobierno por la que se establecía un sistema abreviado que, según las ONG, podía implicar menoscabo de los derechos de los solicitantes. En su lugar, se implantará un "procedimiento de urgencia" para que en aquellos casos "que son obvios" se pueda agilizar la tramitación evitando algunos pasos, conforme explicó Moscoso del Prado.

NO SE ENVIARÁ A PAÍSES PELIGROSOS

Otra de las enmiendas que se ha incorporado al texto es el compromiso del Estado de mantener la protección hasta que haya desaparecido de forma definitiva el fundamento de la persecución que la motivó. Además, el texto recoge el compromiso expreso de España de no enviar al solicitante de asilo a un país en que sus derechos no estén plenamente garantizados.

No obstante, no se ha incorporado la posibilidad de que un ciudadano de un Estado miembro de la UE pueda pedir asilo en otro país de la Unión, como demandaban CEAR o Amnistía Internacional y como había propuesto ERC-IU-ICV.

Según el portavoz socialista, esta medida iría en contra del derecho comunitario y supondría cuestionar el hecho de que en Europa conviven "democracias consolidadas" que están "obligadas a garantizar la no persecución". Por otra parte, el texto establece que el Gobierno deberá presentar en las Cortes Generales un informe cada año sobre la aplicación de la ley.

INSUFICIENTE

Mientras, el diputado de ICV, Joan Herrera, manifestó que "no es la ley que necesita este país" y, aunque admitió que el texto se ha mejorado a lo largo de su tramitación parlamentaria, "sigue siendo insuficiente", porque, entre otras cosas, no acepta que los comunitarios europeos que son perseguidos puedan pedir asilo en otro país de la UE, así como que no permite pedir asilo desde el país de origen.

Los grupos parlamentarios presentaron 357 enmiendas al proyecto de ley del Gobierno, de las que 35 fueron aceptados en su literalidad y otras 45 -que engloban a 165 enmiendas- fueron transaccionadas. Desde este modo, PSOE, PP y CIU destacaron el alto grado de consenso que ha habido a la hora de modificar y aprobar el proyecto de ley, tras seis sesiones de trabajo.

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