Actualizado 21/05/2007 14:36 CET

Corea.- Un grupo pro DDHH reclama que se juzgue a Kim Jong Il por presuntos crímenes contra la Humanidad

SEUL, 21 May. (EP/AP) -

El grupo pro Derechos Humanos estadounidense Freedom House consideró hoy que se juzgue al dirigente norcoreano, Kim Jong Il, debería ser juzgado en un tribunal internacional por presuntos crímenes contra la Humanidad en su país.

Kim "debería ser juzgado en algún tipo de tribunal criminal internacional", afirmó el subdirector ejecutivo de Freedom House, Thomas O. Melia, durante la publicación de un nuevo informe sobre los presuntos crímenes contra la Humanidad cometidos en el país asiático.

Melia dijo que podría crearse un tribunal especial fuera del Tribunal Penal Internacional como ocurre con Ruanda y el genocidio d3 1994, pero pidió una investigación adecuada que determine la responsabilidad individual por los presuntos crímenes en Corea del Norte.

Corea del Norte insiste en que no viola los Derechos Humanos, pero se le acusa de imponer la pena de muerte por razones políticas, mantener a miles de personas en campos de detención, torturar a aquellos que atraviesan la frontera, y restringir con dureza la libertad de expresión y religión.

Kim, de 65 años, ejerce el poder absoluto en el país y crímenes contra la Humanidad --asesinato, secuestro, violación, exterminio de individuos en campos de detención-- no pueden tener lugar sin su conocimiento o dirección, según Melia. Sin embargo, según Freedom House, existen algunos obstáculos para llevar a Kim ante la justicia como la oposición estadounidense a participar en el Tribunal Penal Internacional.

El Estatuto de Roma para el Tribunal Penal Internacional entró en vigor en 2002, haciendo susceptibles de ser sometidos a su jurisdicción los delitos cometidos tras esa fecha, recuerda Freedom House.

El autor del informe de esta organización estadounidense, David Hawk, admite que es demasiado pronto para decir si Kim podría ser juzgado en un tribunal internacional ya que hace falta pruebas que demuestre que los delitos se cometieron después de 2002.

Entre los crímenes que se detallan en el informe se incluye la presunta "desaparición forzada" de supuestos disidentes enviados a campos de detención política, donde pueden ser sometidos a palizas, torturas y violaciones.