Actualizado 13/05/2008 20:27

EpC.- El Gobierno recurre la sentencia del TSJ de Andalucía contra la asignatura

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La abogacía del Estado ha presentado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el escrito de preparación de recurso de casación contra la sentencia sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, informó esta tarde el Ministerio de Educación Política Social y Deporte.

La citada sentencia se pronunciaba sobre determinados desarrollos autonómicos de la Ley Orgánica de Educación en lo que se refiere a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, requisito previo para la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno entiende que está legitimado para presentar este recurso y advierte que la asignatura es "obligatoria" y está "recogida en la Ley Orgánica de Educación que aprobó el Parlamento español en 2006".

Así, el Ejecutivo insiste en que "la asignatura y sus contenidos son necesarios y contribuirán a la mejora de la educación que reciben los alumnos españoles".

En un comunicado, Educación insiste en que la materia se imparte en una veintena de países europeos y "responde a una Recomendación del Consejo de Europa (2000/12)". "El objetivo es que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios, reflexionen y actúen como ciudadanos, en el ámbito público, de acuerdo con los principios de los derechos humanos y los valores constitucionales", destaca.

Esta asignatura se imparte en uno de los dos últimos cursos de Educación Primaria y en uno de los tres primeros de Educación Secundaria Obligatoria. Según el calendario de aplicación de la Ley, el curso que viene se tiene que impartir en todas las CCAA en Secundaria (este año sólo se imparte en las que la han puesto en 3º de ESO) y en el 2009/ 2010 en Primaria.

La sentencia recurrida, dictada el pasado 30 de abril, se refiere a ciertas expresiones de los desarrollos de la Junta de Andalucía de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, pero además cuestiona la legalidad de los decretos estatales, lo que legitima al Gobierno para presentar el recurso.