El Congreso clausura la jornada conmemorativa de los 25 años de la LISMI
MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
Expertos en el campo de la atención de los discapacitados afirmaron hoy que la recuperación profesional y la rehabilitación de este colectivo es la "asignatura pendiente" de la Ley Integración Social para personas discapacitadas (LISMI).
El Congreso acogió hoy la clausura de las jornadas en las que se conmemoró el 25 aniversario de esta norma que configuró la atención social a este colectivo y puso las bases para las políticas en esta materia, tal y como recordó el sudirector general de Planificación y Ordenación y Evaluación del IMSERSO, Pablo Cobo.
Este experto señaló que todos los problemas que aquella ley pretendía resolver están resueltos "legalmente", como la asistencia sanitaria, gratuita; la educación e integración de los discapacitados; o el subsidio de garantía de ingresos mínimos para los que no pueden acceder a un puesto de trabajo.
No obstante, señaló la necesidad de "entonar el mea culpa" en lo que se refiere a la recuperación profesional y la rehabilitación de estas personas. Según dijo, tan sólo las mutuas patronales han venido desarrollando actividades relacionadas con esta materia.
"Mucha gente se ha quedado anclada en las prestaciones económicas porque no ha sido capaz de ofrecer los servicios adecuados para dar un salto cualitativo y proceder a la integración económica y en el empleo", destacó.
Por su parte, el director de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra, expuso otras reivindicaciones de este colectivo, como la necesidad de establecer un sistema que permita pasar de la protección social al trabajo.
Al mismo tiempo, reclamó el establecimiento de porcentajes que permitan compatibilizar determinadas rentas personales con la percepción pensiones no contributivas; incrementar las cifras de integración laboral o la asimilación de los incapacitados judiciales a las personas con discapacidad con un grado igual o superior al 65 por cierto, a efectos de la Seguridad Social.
Desde la ONCE también se reclama más flexibilidad para compatibilizar el trabajo con la pensión de incapacidad permanentes; regular la jubilación anticipada para trabajadores discapacitados con grado inferior al 65 por ciento (ya la perciben los más graves) o el incremento de la protección a los discapacitados menores de 18 años (actualmente reciben 581 euros al año).
Por parte del Gobierno, Juan Carlos Ramiro, asesor de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, destacó a Europa Press la importancia de la LISMI, a pesar de sus "claros y sombras". "Todas las leyes son mejorables", destacó, recordando la complejidad y la amplitud de su contenido.
No obstante, recordó el carácter pionero de esta norma y los beneficios que aportó en materia de protección social, que hoy reconoce todo el sector de la discapacidad.
