La Fiscalía recurre la orden de busca y captura del 'Rafita'

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía interpuso ayer jueves un recurso de reforma en la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid de emitir una orden de busca y captura para detener a Rafael Fernández García, alias 'El Rafita', por conducir borracho y sin carné hace dos años, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía considera que no existen motivos suficientes y fundados, debido a la entidad del delito para lanzar una orden para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado localicen y detengan a Rafita, que ingresaría en prisión a la espera de juicio.

La orden de busca y captura es una renovación de otra que emitió el mismo juzgado por los mismos hechos en abril de 2012 y que se extinguió a finales de verano pasado. El magistrado activó de nuevo esa orden el pasado 31 de enero cuando se dio cuenta que la cantidad de antecedentes que acumula el joven. Así, ha revocado la conmutación de la multa y la suspensión de la pena que le había puesto por conducir con altos índices de alcoholemia y sin carné.

'El Rafita' fue detenido por última vez, tras una laboriosa investigación policial, el pasado mes de marzo, tras varios meses de estar bajo otra orden de busca y captura, está vez dictada por el Juzgado número 29 de Madrid, por su relación con una banda delictiva que se dedicaba al robo y desguace de vehículos y que fue desarticulada en agosto de 2011 en la denominada operación Ceniza, en la que se detuvo a familiares suyos. Tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad con cargos.

Rafael Fernández García, conocido por ser condenado por el asesinato y violación de la joven Sandra Palo cuando tenía 14 años, tiene una amplía carrera delictiva. No obstante, acumula media docena de detenciones y varios cargos pendientes siendo mayor de edad por delitos cometidos después y durante su etapa de libertad vigilada, es decir, mientras cumplía la segunda fase de las medidas judiciales establecidas por el crimen.