Actualizado 11/09/2007 21:02

Los funcionarios de la Comunidad de Madrid aprenderán lenguaje de signos para atender a las personas sordas

El Gobierno regional instalará 'webcams' en las oficinas de atención al ciudadano para el colectivo


MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 162.000 funcionarios de la Comunidad tendrán acceso a cursos de lenguaje de signos subvencionados por el Gobierno regional para facilitar a las más de 160.000 personas con problemas auditivos de la región la tramitación de sus gestiones en la Administración autonómica.

El vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y la presidenta de la FESORCAM, Rosa Marta González, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para este objetivo, que facilitará la integración a las personas sordas.

El objetivo de estos cursos es que la administración se adapte a las personas con discapacidades y que no sean ellos los que se tengan que adaptar. "Estas actividades amplían las desarrolladas ya en año anteriores a través del Instituto Madrileño de Administración Pública (IMAP) encaminadas a acercar el funcionamiento ordinario de la Administración madrileña a las personas con discapacidad", explicó Prada.

El vicepresidente dio a conocer que se implantarán 'webcams' en las oficinas de atención al ciudadano para establecer videointerpretaciones entre las personas sordas y los funcionarios locales. También la Comunidad sensibilizará a los funcionarios para que conozcan las características de las personas sordas y proporcionará formación a los intérpretes para que tengan conocimiento del lenguaje jurídico específico.

Además, el IMAP garantizará la asistencia de un intérprete de la lengua de signos a todas las personas que participen en algún proceso selectivo de acceso a la administración regional. "Este acuerdo es una apuesta firme por modernizar la administración pública y por acercarnos a las personas con discapacidades", dijo el consejero.

Por otra parte, la presidenta de FESORCAM subrayó "la necesidad" de que se cubra la demanda de estos servicios en juzgados y comisarías para que se consiga "la normalización" del colectivo.