El Gobierno aprueba mañana la Ley de Biodiversidad contra cambios en la Red Natura por intereses urbanísticos

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará mañana el proyecto de Ley de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural de España con la finalidad de evitar que haya modificaciones en al Red Natura 2000 (red europea que reúne los mejores espacios naturales desde el punto de vista de sus valores ecológicos) "al servicio de intereses urbanísticos u otros", según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Concretamente, esta norma, que será la décima que diseña el Ministerio de Medio Ambiente en esta legislatura, establecerá, entre otras cuestiones, que ningún espacio que se incluya en la Red Natura 2000 podrá ser descatalogado, con la única excepción de que ese espacio haya perdido por una degradación natural y no inducida los valores ambientales que justificaba su protección, agregó Narbona en el 'Foro Cinco Días'.

Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un espacio de la Red Natura 2000, o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar.

Además, se establece que sólo se podrá proponer la descatalogación total o parcial de un espacio incluido en Red Natura 2000 cuando así lo justifiquen los cambios provocados en el mismo por la evolución natural, y previo trámite de información pública. Esta ley establecerá el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad española.

También este viernes, el Ejecutivo dará luz verde al Plan Nacional de la Calidad de las Aguas, que refleja el esfuerzo inversor de 20.000 millones de euros que España tiene que hacer desde este año hasta 2015, con una parte de inversión pública "pura y dura" pero con espacio para la colaboración con la iniciativa privada, "en un contexto en el que los precios del agua tienen que reflejar todos sus costes, cosa que en el caso de las aguas depuradas todavía no es del todo cierto".

"La iniciativa privada podrá entrar mucho mejor en colaboración con el sector público en la medida en que garanticemos cánones que cubran los costes de esas actuaciones", añadió la titular de Medio Ambiente, adelantando también que mañana se aprobará también el plan de choque contra las medusas, enmarcado en el plan de acción de medidas para el verano, que también incluye iniciativas para prevenir incendios y forestales y la ola de calor.

En general, la ministra de Medio Ambiente calificó esta legislatura de "muy intensa" en materia medioambiental "muy intensa", al haber aprobado un conjunto de normas que pretenden "fortalecer el ordenamiento jurídico", acerca a España a las exigencias de la Unión Europea (UE) "con máximo rigor" y cumplir la Constitución en cuanto a la garantía del derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado, bajo la tutela y el impulso de los poderes públicos.

"RALENTIZACIÓN" DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA.

Durante los próximos meses, el Ministerio trabajará "arduamente y buscando la máxima colaboración" de instituciones públicas y privadas para que se pueda avanzar en las obras del programa AGUA, que --reconoció-- "en gran medida está ralentizadas o incluso amenazadas de suspensión por la actitud de algunas administraciones autonómicas" con competencias en otorgar determinadas autorizaciones y la emisión de dictámenes que son preceptivos.

Como ejemplo de estos impedimentos, la ministra puso que el Gobierno ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para evitar la suspensión de la construcción de la planta desaladora de Torrevieja, que podrá dar 60 hectómetros cúbicos para abastecimiento y regadío, y que en estos momentos sigue construyéndose "pero sobre la que ya pesan otras amenazas desde la Comunidad Valenciana".

Por ello, Narbona reclamó la responsabilidad de las administraciones en esta materia porque se trata de resolver problemas de los ciudadanos. Así, destacó que Valencia, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha son las regiones que han concentrado en las que en estos tres años el incremento de la inversión en política de agua del Gobierno de España.

"Este Gobierno no está castigando a ningún territorio sino, todo lo contrario: trabajamos para superar carencias graves en la disponibilidad, en la garantía de agua de calidad para todos los usos, con una extraordinaria inversión pública. Pero, obviamente, necesitamos la colaboración de las administraciones autonómicas y locales y de las propias empresas, afectadas por una situación que creo que no es aceptable en un país democrático", afirmó.

Tras señalar que las empresas están justificadas en su labor en el mercado en España trabajando con cualquier tipo de gobierno sea cual sea la fuerza política que lo impulse, espera que haya "colaboración" e "implicación" porque sería "muy difícil" de explicar, sobre todo ahora que han pasado las elecciones autonómicas, que se insista en una línea de "amenaza y de ruptura de la lealtad institucional y a los ciudadanos de esas regiones".

A su juicio, todos los estatutos de autonomía aprobados por el momento realizan una "descripción perfectamente constitucional" del papel de las comunidades autónomas y el Gobierno en materia de agua. A ello, agregó "toda" su confianza en que los estatutos que están aún por aprobarse cumplan de manera "estricta y rigurosa" con la Constitución en esta cuestión.

En relación a una Agencia de Seguridad de las Presas, Narbona reconoció que "no hay materialmente tiempo" en esta legislatura para aprobar una legislación que contemple esta figura pero recordó que en el "esquema normativo" aprobado hasta el momento se han incluido cuestiones en este sentido, con lo que garantizó que "sí ha habido una mejora ulterior" en la seguridad de las presas.

Sobre un paquete "muy ambicioso" de medidas urgentes contra el cambio climático que el Gobierno aprobará en un próximo Consejo de Ministros, subrayó que el Ministerio de Economía y Hacienda tiene ya una propuesta "madura" sobre una fiscalidad de los automóviles que "permitirá incentivar al máximo los no contaminantes". También se refirió a un nuevo conjunto de iniciativas del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, que lidera Industria, con propuestas para favorecer el transporte de mercancías por ferrocarril o reducir el consumo energético por parte de las administraciones públicas.