El Gobierno de Castilla-La Mancha destaca que la asignatura EpC favorecerá la "formación en valores"

TOLEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó su apoyo de forma explícita la Ley Orgánica de Educación (LOE), sus contenidos y sus desarrollos y, por tanto, la existencia de una materia con carácter universal y obligatorio para todos los alumnos y alumnas, como la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, asignatura que la favorecerá la "formación en valores".

Con ello, la Consejería de Educación y Ciencia aseguró no compartir la objeción de conciencia sobre esta materia, aunque respeta a las familias que han decidido presentar recursos en instancias judiciales, según informó la Junta en nota de prensa.

Para el Gobierno regional "esta asignatura favorecerá, y así lo entienden ya más de 20 países europeos, la formación en valores, la convivencia y la cooperación en los centros, reforzará una actitud solidaria y de respeto, y contribuirá al conocimiento no sólo de nuestro ordenamiento constitucional, sino de una norma universal como lo es la Declaración de los Derechos Humanos".

La Consejería de Educación y Ciencia aclaró que han sido razones estrictamente pedagógicas, y así lo ha avalado el Consejo Escolar de esta Comunidad, las que han aconsejado llevar esta asignatura a 2º de la ESO, curso que se implantará con carácter general en toda España, según el calendario de desarrollo de la LOE, en 2008-2009. Será en ese año académico cuando el alumnado de la región comience a estudiar Educación para la Ciudadanía.

El Gobierno de Castilla-La Mancha señaló que respeta las opiniones contrarias a esta asignatura, una actitud que es compatible con su obligación como Administración pública de cumplir y hacer cumplir la Ley.

Consideró "adecuado" que aquellas familias que quieran utilizar el cauce legal y constitucional del recurso a instancias judiciales lo hagan, lo que no significa que deje de exigir el cumplimiento de la Ley.

Por ello, la Administración regional defendió que deben ser los tribunales de justicia competentes los que se pronuncien sobre los posibles recursos presentados y no debe ser cada ciudadano o ciudadana el que decida libremente si tiene que cumplir o no con sus obligaciones legales.