El Gobierno canario ordenará una investigación, aunque la Fiscalía concluyó que no había indicios de delito
MADRID, 26 Jul. (EUROPA PERSS) -
La ONG internacional Human Right Watch (HRW) ha pedido al Gobierno español y al Ejecutivo de Canarias que implementen de forma inmediata un plan para cerrar los cuatro centros de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados habilitados en el archipiélago en marzo de 2006, y en los que residen unos 400 menores, ante las alegaciones de malos tratos y abusos vertidas por los propios chicos en dos de los centros, 'La Esperanza', en Tenerife, y 'Arinaga', en Gran Canarias.
Sin embargo, el Gobierno canario, a través de la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, anunció este jueves que ordenará abrir una investigación acerca de la situación de los centros de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas, si bien dejando claro que la denuncia de la ONG "ya fue estudiada en su momento por la Fiscalía y no encontró nada de lo denunciado". Además, el "Gobierno canario dispone de otros informes" que desmienten la versión de la ONG.
La organización presentó este jueves en Madrid las conclusiones de esta investigación, realizada por Simone Troller, que afirmó que, informada la Fiscalía de Canarias, realizó sus propias indagaciones y concluyó que no existían indicios de delito.
No obstante, los investigadores creen que la metodología utilizada fue insuficiente e inadecuada por lo que se han dirigido a la Fiscalía General del Estado. "La Fiscalía General del Estado se ha comprometido ha solicitar a la de Canarias una nueva investigación", aseguró. También se han dirigido a los responsables del Gobierno Canario, así como de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales e Interior, de los que ha recibido respuestas "insatisfactorias".
"Los responsables canarios nos dicen que la responsabilidad es del Gobierno de España y el Ejecutivo central que es de Canarias --dijo--. Nosotros pedimos a ambas administraciones que implementen un plan para cerrar los centros de emergencia".
"PALIZAS GENERALIZADAS".
Según las alegaciones recogidas por la organización, a través de entrevistas personales con algunos de los menores, en su mayoría de Senegal o Maruecos, en el caso del Centro de 'La Esperanza', durante los últimos cinco meses de 2006 los chicos informaron de "palizas generalizadas, habituales y no controladas". El portavoz de HRW, Reed Brody, relató que en este centro existe una "celda de castigo" pequeña y sin ventilación donde los menores se ven obligados a orinar y defecar en el suelo.
"Hablan de un clima omnipresente de miedo", aseguró. Mientras, en el centro de Arinaga los chicos narraron, según comentó, malos tratos por parte de otros menores y educadores, así como abusos sexuales por parte de un miembro del personal. Estas alegaciones deben ser inmediatamente investigadas, según los responsables de la ONG, por las autoridades españolas.
En todo caso, Troller señaló que las condiciones de los cuatro centros de emergencia favorecen el riesgo de malos tratos. "Son centros enormes, masivamente poblados, con chicos muy pequeños, desde 10 años, que conviven con chicos más mayores, de hasta 17, sin acceso a un sistema confidencial de denuncia y sin tener libre circulación", explicó.
Troller añadió que miembros del personal de estos centros también le manifestaron su preocupación por el tratamiento que reciben algunos de los menores y que ella misma pudo observar heridas recientes en los menores a los que entrevistó. El informe no recoge nombres ni de víctimas ni de verdugos, sino que insta a las autoridades españolas a que confirmen la veracidad de estos hechos.
Además de los casos de malos tratos y abusos, Gerry Simpson, investigador de HRW, advirtió de que existen violaciones sistemáticas de otros derechos de estos menores, como el acceso a la residencia permanente. Los investigadores visitaron tres de los cuatro centros de emergencia, así como otros de carácter permanente, en los que señalan que sí se cumplen las condiciones necesarias para la acogida de estos chavales.
INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, anunció este jueves que ordenará abrir una investigación acerca de la situación de los centros de emergencia de acogida de menores extranjeros no acompañados en las islas.
La consejera matizó que la denuncia de la ONG "ya fue estudiada en su momento por la Fiscalía y no encontró nada de lo denunciado". Además, el "Gobierno canario dispone de otros informes" que desmienten la versión de la ONG.
"Como mínimo, yo iré a verlos, a ver cómo están", aseguró Rojas en referencia a los menores extranjeros no acompañados. "Pero quiero ser exquisita y rigurosa con la información que daremos desde la consejería", señaló de forma reiterada. La consejera prometió hacer "todo lo que sea necesario y con total claridad" en relación a este asunto.
Rojas "rogó" a las ONG que "sean más exquisitas a la hora de dar determinadas informaciones sobre menores, especialmente sobre los que tienen el problema añadido de ser inmigrantes", en alusión a HRW. "Esa organización pide el cierre de los centros de emergencia y yo estoy de acuerdo: ojala que no hubiera hecho falta abrirlos", lamentó.
La titular de Bienestar Social advirtió que "las cosas hay que demostrarlas y comprobarlas primero para luego hacerlas públicas porque no es lo mismo demostrar mi inocencia a demostrar mi culpabilidad". Sobre la rigurosidad del informe, la consejera apuntó que "los canarios necesitan escuchar la verdad con datos fiables y reales; no que alguien saque un anuncio y ahora todo el mundo salga a correr a ver si el anuncio es verdad o no. Vamos a ser rigurosos nosotros también".
Tras aclarar que "no cree" que el que el informe sea "tendencioso", ya que "esa ONG tiene cierto prestigio y no creo que se lo haya ganado a base de dar informaciones de este tipo", Rojas puntualizó que el Gobierno está "preocupado" por el asunto. Recordó que la Dirección General del Menor "en su momento actuó" y que los informes que tiene el Ejecutivo es que la Fiscalía "no encontró nada" de la situación denunciada.
La consejera criticó que el contenido del informe de HRW "se debió comunicar antes de hacerlo público y la ONG debió verificar con el Gobierno de Canarias si la situación había cambiado o seguía siendo la misma". Según apuntó la consejera, HRW se dirigió a la Dirección del Menor "como tres o cuatro meses después de haber elaborado ese informe". Fue la Dirección del Menor quien puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía.
La ONG expresó dudas sobre la idoneidad del personal que gestiona los centros, ante lo que Rojas recordó que esos trabajadores deben tratar con unas personas que "no son felices", por lo que el Ejecutivo canario intenta hacer "todo lo posible porque los menores sepan que les queremos, que sabemos que están lejos de sus casas y de sus familias, en una situación muy dura". La consejera lamentó que "encima de todo eso, el personal canario dispuesto a trabajar con ellos se vea señalado así".
