Actualizado 21/06/2007 21:52

La justicia confisca 141 millones a Boliden por el vertido de Aznalcóllar y Andalucía demandará a la empresa en Suecia

ESTOCOLMO (SUECIA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, en relación con los procedimientos de bancarrota relacionados con Apirsa, la filial española de Boliden, ha admitido un requerimiento judicial preliminar contra Boliden y Boliden Mineral para la confiscación de activos por valor de 141 millones de euros, como garantía de pago por las presuntas responsabilidades de la compañía en la rotura de la balsa de lodos de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998 que afectó al Parque de Doñana, informó la compañía sueca en un comunicado.

Tras conocer la noticia, la consejera de Medio Ambiente de Andalucía, Fuensanta Coves, avanzó hoy que una vez que el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha entendido que Boliden AB y su filial en España "son la misma empresa", la Junta de Andalucía planteará una demanda ejecutiva en Suecia para que se le embarguen los bienes a Boliden "y los andaluces puedan recuperar lo que nos costó aquel vertido", producido en 1998 en las minas de Aznalcóllar (Sevilla).

Por su parte, Boliden ha indicado con anterioridad que, bajo su punto de vista, la compañía no sufrirá daños financieros importantes como resultado de los procesos legales relacionados con la rotura del dique en España, y que la confiscación de activos ordenada por las autoridades españolas no cambia su perspectiva, indicó la empresa. Por ello, la empresa sueca anunció que recurrirá la sentencia del tribunal español.

En relación con la demanda que piensa presentar la Junta, Coves precisó que hasta ahora no podía hacerlo, ya que aún no se había reconocido la identificación entre la empresa matriz y sus filiales. No obstante, precisó que habrá que esperar a que se decida sobre el recurso que previsiblemente presentará Boliden --como ya ha anunciado la multinacional-- para poder presentar esta demanda en el país nórdico.

Con todo ello, para Coves esta decisión "allana" el camino que emprendió la Junta de Andalucía para que la empresa asumiera los costes de regeneración provocados por el vertido y evita además tener que acudir a un tribunal europeo para exigir el reconocimiento de que son la misma empresa.

"Siempre hemos defendido que llegaríamos hasta el final y empezamos a ver la luz después de tanto tiempo", se felicitó la consejera, quien recordó que en numerosas ocasiones ha defendido que a pesar de que la filial española no tuviera activos, la matriz de Boliden tenía que asumir los gastos por los trabajos desempeñados por la Administración andaluza.

Además, la titular de Medio Ambiente señaló que esta resolución judicial conlleva otro aspecto positivo, "un llamamiento al resto de las empresas andaluzas para que comprendan que si causan un daño ambiental tienen que hacerse cargo de la minimización de ese impacto".

La Junta de Andalucía, como acreedora de la multinacional, confía en resarcirse de los gastos de restauración que asumió tras el vertido. A su juicio, la decisión de la Justicia "levanta el velo" de la filial española, Boliden Aprisa S.L., dirigiendo el embargo directamente contra la empresa matriz, la sueca Boliden AB.

La Administración autonómica entiende que esta decisión "supone que el embargo preventivo no se dirige contra los bienes de la empresa filial --que apenas cuenta con un capital social de 500.000 de las antiguas pesetas--; sino contra el auténtico centro decisorio de la multinacional, y responsable, en consecuencia, del desastre de Aznalcóllar". Así, aseguró que "con esta decisión la Junta de Andalucía consigue su objetivo fundamental y largamente perseguido en esta causa contra la multinacional Boliden".

Para la Junta de Andalucía, la resolución judicial por la que se declaran embargadas en la cantidad de 141 millones de euros las participaciones ostentadas por dicha matriz Boliden AB en las empresas del Grupo, "garantiza que las deudas de dicha empresa por los gastos ocasionados tras el vertido de Aznalcóllar, incluyendo los 90 millones de euros que se deben a la Junta de Andalucía, puedan ser cobradas". "Con esta resolución judicial, la empresa matriz ya no podrá tratar de eludir su responsabilidad en el espacio comunitario, ni esconderse tras el velo de la personalidad jurídica para dejar incumplidas sus obligaciones de restauración del Medio Ambiente", agregó.

La Junta explicó en un comunicado que estas medidas cautelares, "de obligado cumplimiento en Suecia de acuerdo con la normativa europea, han sido adoptadas en la sección de calificación del concurso que se sigue contra la filial española del Grupo Boliden". Con ello, consideró que "esta medida cautelar dictada en dicha sección presupone que ya ha habido una petición de culpabilidad en dicho concurso, en cuanto que como señala la Ley Concursal, los administradores y liquidadores de la sociedad hayan contribuido a la generación o agravación del estado de insolvencia, mediando dolo o culpa grave".