MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros adoptó hoy la decisión de limitar a 24 grados la temperatura mínima en los edificios de la Administración General del Estado, según explicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"Queremos dar ejemplo --explicó--. El Gobierno ha decidido exigir un uso racional del aire acondicionado en los edificios públicos. Una temperatura de 24 grados es suficiente para mantener el bienestar y ese será el límite que va a regir durante todos los meses de verano en todos los centros de la Administración General del Estado".
A su juicio, existe un potencial de ahorro energético muy importante que se puede conseguir sin grandes inversiones y grandes planes, simplemente aplicando el sentido común. "Dentro de muy poco celebraremos un Consejo de Ministros monográfico sobre el cambio climático, y en el presentaremos un Plan de Acción 2008-2012 para ahorrar energía y ganar eficiencia energética, como parte de ese plan se ha elaborado un Plan específico para los edificios públicos, del que adelantamos la decisión respecto a la temperatura del aire", añadió.
Actualmente se encuentra en tramitación y pendiente de aprobación el 'Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado'. Su aplicación completa supondrá, según de la Vega, un 30 por ciento de ahorro energético.
En un comunicado, el Ejecutivo señala que ante la proximidad del comienzo de las altas temperaturas del verano, se hace aconsejable y preciso adoptar la actuación que se propugna en el presente acuerdo con carácter anticipado a las medidas que se prevén para un futuro inmediato en el citado Plan. Asimismo, las medidas de seguimiento y control de la obligación que se imponen en este Acuerdo serán las que, con carácter genérico, se dispongan en el futuro 'Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Edificios de la Administración General del Estado'.
Los estudios realizados en edificios públicos muestran que existe un importante potencial de ahorro energético y que una parte del mismo es posible realizarlo sin reducir el confort de los usuarios y sin necesidad de inversiones económicas mediante medidas que promuevan un cambio en el comportamiento de los usuarios.
