MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, calificó hoy de "disparate" que se intente atribuir al Gobierno la intención de promover la homosexualidad mediante Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, insistiendo en que no cursarla supone "contradecir" la ley . A su juicio, los promotores de la objeción de conciencia contra la materia hablan de "sospechas y riesgos, no de realidades", tranquilizando con que cuando vaya pasando el tiempo se verá que "no son más que fantasmas".
Asimismo, garantizó que la educación afectivo-emocional que se contempla en esta enseñanza "no tiene nada que ver con la manipulación de los afectos y las emociones", sino que es un componente "fundamental" en el desarrollo de un niño. En esta línea, criticó a los opositores a esta disciplina por hacer "atribución de intenciones" al Estado, tachando de "absurdo" que no se transmitiese a los alumnos la idea de que no hay que discriminar por razón de sexo, rechazando, por tanto, la homofobia.
Eutanasia, aborto y terrorismo son cuestiones que --aseguró-- ni están en los contenidos de la nueva asignatura ni en ningún borrador previo sobre la materia, subrayando que la "controversia" creada se basa en "equívocos y falsedades". Además, Tiana recordó que durante la negociación del diseño de Educación para la Ciudadanía se suprimieron "puntos conflictivos" para algunos sectores, sobre todo los vinculados a la Iglesia católica, señalando un "alto grado de consensos" en temas incluidos.
"Creo que las familias van a poder ver respetados sus derechos", aseguró durante su intervención en el curso de verano 'Educación para la Ciudadanía', organizado por la Universidad San Pablo CEU. En su conferencia 'Objetivos del Ministerio de Educación y Ciencia para implantar la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía', Tiana recalcó que la nueva materia "no violenta ni es incompatible" con la educación en valores morales de las confesiones religiosas ni de las familias.
Tras considerar "lógico" que se imparta esta enseñanza en la escuela, manifestó que una "ética de mínimos" en la que se formará a los alumnos no supone imponer una de máximos y después de defender la "plena capacidad" del Estado para hacerlo, este representante ministerial lamentó que se incite a las familias a acogerse a la objeción de conciencia porque supone lanzarles a una vía "con interrogantes jurídicos" y que tiene "inseguridades", alertando de la "tensión no favorecedora" a la que se sume a la comunidad educativa.
En esta línea, argumentó que hay "razones" para impartirla, al ser una "exigencia ineludible" del sistema educativo que está "plenamente justificada", calmando a los sectores críticos con que en un sistema democrático es "imposible" adoctrinar y negando que provoque una situación discriminatoria frente a la clase de Religión. Así, entiende que la escuela ocupa un lugar "relevante y complementario, no sólo subsidiario" al de las familias en la formación moral y ética de los alumnos.
EVALUACIÓN DE "ACTITUDES".
Sobre la evaluación de esta asignatura creada con la Ley Orgánica de Educación (LOE), explicó que se evaluarán las "actitudes", como "siempre se ha hecho", incluso en materias como las Matemáticas, pero no se examinarán los "afectos". Según Tiana, no se trata de aprenderse de memoria los valores recogidos en la Constitución Española y en las declaraciones universales de Derechos Humanos sino que los alumnos tienen que aplicarlos, ya que la formación transversal de estos valores está resultando "claramente insuficiente".
En relación a su implantación en el currículum escolar, el secretario general de Educación dijo que la materia tiene una introducción "limitada" en el número de cursos y horas y está "fundamentalmente centrada" en las etapas obligatorias. En concreto, resaltó que se impartirá durante 50 horas lectivas de las 3.305 horas de enseñanzas mínimas en Primaria, frente a las 315 de Religión; y un total de 70 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de las 2.735 totales, frente a 175 de Religión.
Por su parte, la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, aseguró hoy que ni ha pensado ni puede retirar Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos porque forma parte de una ley aprobada por el Parlamento y se trata de una materia "básica". En este sentido, eludió pronunciarse sobre las declaraciones del cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, sobre que aplicar la nueva disciplina es "colaborar con el mal".
