MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales en la Asamblea de Madrid, Carmen García Rojas, anunció hoy que su grupo presentará una Proposición No de Ley para aumentar el número de los inspectores que controlan las condiciones de los más de 1.500 centros de servicios sociales de la región, que en la actualidad son sólo nueve, tras el caso de presuntas vejaciones a ancianos en un centro privado de Alcobendas.
Para la diputada regional, nueve inspectores son un número "irrisorio a todas luces" para controlar "de manera seria y regular la calidad de los servicios" de más de 1.500 centros de servicios sociales en la Comunidad, así como de las 558 residencias de ancianos privadas. Por ello, el Grupo Socialista en la Asamblea propondrá un incremento "notable" en el cuerpo de inspectores regionales.
García Rojas adelantó que el Grupo Socialista pedirá la comparecencia de la nueva consejera de este área, Gádor Ongil, para que explique los sucesos de la residencia Juan XXIII de Alcobendas, cerrada de manera cautelar por presuntas vejaciones a los ancianos, y para que describa la situación de los demás centros privados de la Comunidad.
La portavoz socialista explicó que "la Consejería de Familia y Asuntos Sociales es directamente responsable de esta terrible situación al no haber dispuesto los medios suficientes para ejercer la acción inspectora". Además, recordó que "el Grupo Parlamentario Socialista ya lo había denunciado en las últimas legislaturas, con más de un 81 por ciento de las denuncias del 2005 referidas a residencias de ancianos".
Para la parlamentaria, "el caso de la residencia privada Juan XXIII de Alcobendas es una muestra más del desinterés por la atención a los mayores y del incumplimiento de las leyes vigentes por parte del gobierno de Esperanza Aguirre". "Pese a la preocupación por las personas mayores mostrada por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en su reciente discurso de Investidura, lo que es evidente es que su gobierno sigue incumpliendo las dos leyes que deben garantizar la calidad de estos servicios", añadió.
La socialista criticó además la situación de los servicios públicos a la tercera edad y subrayó que "ante la carencia de plazas públicas, por ser el 91 por ciento de los centros de nuestra región de titularidad privada, las familias madrileñas deben pagar cada mes una cantidad en torno a los 1.800 euros".
