Advierte de que la vida de los testigos corre peligro por falta de medidas de protección
KOSOVO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El relator especial del Consejo de Europa y ponente del informe sobre tráfico de órganos en Kosovo, Dick Marty, ha asegurado que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) destruyó pruebas que obraban en su poder sobre este asunto y ha advertido de que la vida de los testigos que colaboraron en la preparación del documento corre peligro por falta de medidas de protección.
En declaraciones al diario serbio 'Blic', el senador suizo explicó que el TPIY había recibido en 2004 pruebas procedentes de la localidad de Rripe, cerca de Burrel, en Albania, pero decidió destruirlas por considerar que eran insuficientes o que no tenía jurisdicción sobre esta materia. En todo caso, Marty advirtió de que no estaba acusando al TPIY de "conspiración", sino de "malas prácticas".
"Ciertamente, no es un procedimiento normal en ningún tribunal del mundo", aseveró. "Si se reúnen pruebas, en ningún caso se deben destruir, por mucho que se considere que no son suficientemente concluyentes o que no se tiene la jurisdicción necesaria para continuar con la investigación", añadió. "Las pruebas deben conservarse, pueden aparecer nuevas evidencias en el futuro que aporten un nuevo significado a las anteriores", agregó.
TESTIGOS
Por otra parte, Marty advirtió, en declaraciones al semanario serbio NIN, de que el trabajo del Consejo de Europa "no equivale al de un juez o de un fiscal, es una actividad política de una institución que protege los Derechos Humanos".
Por tanto, "son los organismos apropiados los que deben iniciar la investigación a partir de estos descubrimientos", afirmó. "Como antiguo juez y fiscal, y a partir de las evidencias y de los testimonios que hemos reunido, personalmente creo que se debería iniciar una investigación, algo que debió hacerse hace mucho tiempo", manifestó.
Asimismo, alertó de que la vida de los testigos que participaron en la elaboración del informe sigue en peligro, razón por la cual ha decidido no incluir en el documento los nombres de sus fuentes. "En el momento presente no existe una ley en Kosovo para la protección de testigos", denunció.
"Antes que nada, deseo recordar que hay una serie de informes elaborados por los servicios de Inteligencia de varios países, el FBI de Estados Unidos, el británico MI6, el italiano SISMI, el alemán BND y otros", explicó. "No obstante, si hemos podido acceder a casos más concretos ha sido gracias a nuestros testigos, cuyas vidas corren peligro", advirtió.
LA RESOLUCIÓN Y EL INFORME
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó ayer martes una resolución en la que pide una investigación sobre los presuntos delitos cometidos por las milicias albanokosovares tras el conflicto de Kosovo, incluidos los "numerosos indicios" de tráfico de órganos extraídos a prisioneros serbios o de otras comunidades.
Más concretamente, los parlamentarios del Consejo de Europa han pedido que la misión de la UE en Kosovo, EULEX, reciba un mandato claro, los recursos y apoyo político de alto nivel para llevar a cabo este "extraordinariamente complejo e importante papel". Asimismo, la Asamblea Parlamentaria ha insistido en la necesidad de programas efectivos de protección de testigos.
Aparte, la Asamblea ha pedido a las autoridades albanesas y a las de Kosovo --la provincia serbia que autoproclamó su independencia en 2008-- que "cooperen sin reservas" con EULEX o cualquier otro órgano internacional que reciba el mandato para investigar los hechos, independientemente de los orígenes de los sospechosos o las víctimas.
La resolución se basa en las conclusiones del informe de Marty, en el que se acusa a los antiguos rebeldes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), y más concretamente a una de sus unidades, el Grupo Drenica --que comandaba el actual primer ministro de Kosovo, Hashim Thaçi--, de secuestrar a numerosos civiles serbios y de otras comunidades para extraerles sus órganos a fin de traficar con ellos en el este de Europa.
Los hechos habrían sucedido a partir de 1999, al término del conflicto armado entre serbios y albanokosovares, en Kosovo y el norte de Albania. El informe denuncia que la comunidad internacional --el Gobierno de Estados Unidos, el resto de Gobiernos occidentales o los órganos judiciales apoyados por a UE-- disponían de informaciones sobre las actividades del Grupo Drenica, pero no hicieron nada para impedirlas ni para castigar a sus responsables.
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