Actualizado 26/04/2007 21:59 CET

Siete de cada diez empresas españolas incumplen la Ley de Integración Sociolaboral de Discapacitados

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Siete de cada diez empresas españolas incumplen la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI), según un estudio hecho público hoy en Barcelona en la II edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU sobre integración laboral en la empresa.

A pesar de este bajo cumplimiento de la Ley, el 96% de los empresarios asegura conocer la existencia de esta normativa de integración laboral de las personas con discapacidad, según el análisis.

La gran mayoría de los empresarios españoles --el 96%-- conoce la existencia de la ley, pero sólo el 32% cumple con esta normativa, según los datos facilitados en esta edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU.

El trabajo, se realizó con el objetivo de evaluar la situación actual en lo que se refiere al acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. El estudio se elaboró durante el último trimestre del año 2006 sobre una muestra de 400 empresas con una plantilla superior a los 50 trabajadores.

La normativa establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores están obligadas a reservar el 2% de las plazas para personas con discapacidad. Existen también una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la normativa, recogidas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero.

Si se compara el porcentaje de incumplimiento de la Ley con los resultados obtenidos en la primera edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU, publicado el año pasado, se puede apreciar una ligera mejora. En 2005, ocho de cada 10 empresarios reconocía no cumplir con la LISMI, mientras que en 2006 la cifra baja hasta cerca de siete de cada 10. (68%).

Entre las conclusiones del trabajo destaca también que el 60,4% de los empresarios consultados asegura no contratar personas con discapacidad porque consideran que no cumplen el perfil requerido. Otra de las razones mayoritarias para justificar la no contratación de personas agrupadas en este colectivo es la dificultad para encontrar este personal, la incompatibilidad del puesto de trabajo con la discapacidad o la falta de información.

Asimismo, el cumplimiento es más elevado entre las empresas públicas --en un 44%-- que entre las privadas, --en un 31%--. En cuanto a los trabajos desarrollados serían por este orden; operarios --63%--, administrativos --49%--, técnicos --22%--, profesionales (13%), mandos intermedios (5%) y mandos superiores (2%).