Transparencia Internacional pide más rendición de cuentas y participación ciudadana para evitar 'corrupción climática'

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Transparencia Internacional ha señalado que la participación ciudadana en las políticas sobre cambio climático, unido a una mayor rendición de cuentas por parte de las administraciones y empresas, son las garantías "más efectivas" contra la corrupción en la gobernabilidad climática pues, a su juicio, se evita que las decisiones estén influidas únicamente por intereses especiales.

Tras el informe presentado por la organización, destaca que hasta 2020 los gobiernos pretender destinar alrededor de 100.000 millones de dólares al año a la lucha del cambio climático, una gran cantidad de dinero que "atraerá una gran cantidad de fraudes".

Durante la presentación del trabajo, el patrono vitalicio de la fundación Ortega y Gasset-Marañon, Antonio Garrigues, ha señalado que "la coyuntura actual lleva a los países a buscar un crecimiento económico desde cualquier sector" y el cambio climático es uno de ellos "de hecho, aquellos países que están más afectados por la contaminación son los que más sucio juegan, según el informe", ha apuntado.

Del mismo modo, el director general de la fundación, Jesús Sánchez-Lambás, ha apuntado que la crisis ha llevado a muchos países a quemar carbones de mala calidad o a realizar un uso abusivo de la energía nuclear, sin embargo, ha destacado las "graves consecuencias de la política urbanística" que se ha llevado a cabo hasta ahora en países como España.

Así, ha apuntado que la construcción de edificios en la costa y en lugares protegidos "ha terminado por cambiar el paisaje y, como consecuencia, el clima". "Las políticas climáticas atraen la corrupción y la corrupción destruye el clima", ha señalado.

FOTOVOLTAICA, INVITACIÓN AL FRAUDE

También en referencia a España, el informe pone como ejemplo los incentivos que ofertados por el Gobierno español en 2007 para aquellos que compraran energía solar y que, según los expertos, fue toda una "invitación al fraude".

La ONG señala que 2007 España estaba a la vanguardia en el mercado de la energía solar gracias a una tarifa de inyección en virtud de la cual las empresas de servicios públicos debían comprar energía solar a tarifas altas establecidas por el Ejecutivo. Al respecto, destaca que el subsidio fue el más generoso a nivel mundial y, al estar sujeto a pocas condiciones, atrajo a desarrolladores a numerosos compradores numerosos países.

Pero la promesa de utilidades no sólo generó el escenario para que hubiera un auge de instalaciones de energía fotovoltaica --en 2007 se cumplieron las expectativas de producir 400 megavatios de electricidad solar previstas para 2010-- sino que, ante la ausencia de un mecanismo de control riguroso, también resultó un incentivo para el fraude, según la ONG.

Así, ante la gran demanda España anunció una reducción en las tarifas de electricidad para centrales de energía solar instaladas después de septiembre de 2008 y estableció un límite máximo de 500 megavatios para nuevos proyectos, lo que propició que los desarrolladores se apresuraron para terminar las instalaciones antes de la fecha límite; o que declararan proyectos terminados a pesar de que no se había completado la instalación de paneles solares.

El encargado de llevar a cabo el estudio de este caso, el periodista Tono Calleja, ha señalado que se ha contabilizado un fraude de más de 800 millones de euros en 2009.

MERCADOS MÁS VULNERABLES

La ONG ha señalado que el informe, que combina el análisis de más de 50 de los principales expertos en cambio climático de 20 países, advierte sobre el riesgo de una maldición de los recursos verdes.

"Las nuevas tecnologías que se necesitan para reemplazar los combustibles fósiles a menudo dependen de recursos naturales y es importante que las industrias que exploten estos recursos sean transparentes e informen públicamente los pagos efectuados a gobiernos, a fin de que los ciudadanos puedan controlar que las ganancias obtenidas se apliquen en su beneficio", dice el texto.

De manera similar, el trabajo señala que los gobiernos que venden tierras para la generación de biocombustibles _que, según se estima, en 2030 representarán el 10 por ciento de los combustibles para el transporte en muchas de las principales economías del mundo_ "deben prever la participación y el control del público para garantizar que se respete el derecho a la tierra de las comunidades locales".

Finalmente, Transparencia Internacional hace hincapié en la explotación forestal que, a su juicio, está entre los sectores más corruptos del mundo. Así, señala que la tala ilegal es una actividad que moviliza más de 10.000 millones de dólares por año y se ve favorecida por la corrupción en el sector aduanero y a nivel de las autoridades de administración de tierras.

En este sentido, indica los estudios de casos de Austria, Bangladesh, Bolivia, Colombia, Filipinas, Kenia, España y Estados Unidos muestran la dimensión global de los desafíos que enfrenta el planeta ante el cambio climático.