Valcarce cree que la ayuda financiera a las CC.AA hará que estén a la altura para valorar a dependientes

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, aseguró hoy que la ayuda financiera facilitada el año pasado por el Gobierno a las comunidades autónomas, unos 200 millones de euros, hará que estén a la altura para comenzar a valorar a las personas dependientes que lo necesiten.

Tras participar en la inauguración del VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, organizado por Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Valcarce recordó que hoy entra en vigor el baremo en base al cual los servicios sociales de las comunidades autónomas valorarán el grado y nivel de dependencia, por lo que los ciudadanos pueden comenzar ya a solicitar esta valoración.

Para ello, recomendó a todo aquel que esté interesado en una valoración que se informe primero a través de los servicios sociales de cada comunidad autónoma o utilice el teléfono de información habilitado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (900-40-60-80). "Hoy podemos felicitarnos porque se pone en marcha una herramienta esencial --aseguró--. Los ciudadanos pueden solicitar ya su valoración".

En este sentido, manifestó su deseo de que los plazos que transcurran desde la valoración a la efectiva aplicación del servicio (este año sólo para los grandes dependientes) sean breves. Mientras tanto, también explicó que el próximo jueves se reunirá la Comisión delegada (de carácter técnico) del Consejo Territorial de la Dependencia para seguir buscando el consenso en torno al Real Decreto sobre financiación y los acuerdos sobre copago y prestación de servicios.

Durante su intervención, recordó que el Ejecutivo ha propuesto una financiación nueva de 1.014 euros de media para cada gran dependiente, que también podrán traducirse en un sueldo de hasta 780 euros para la asistencia personal o en 561 euros en caso de que el cuidador sea el familiar.

Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, que también participó en la inauguración, criticó al Ejecutivo porque, a su juicio, debería haber tenido más en cuenta a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia.

"Deberíamos haber sido escuchadas de manera más directa", insistió, al tiempo que aseguró que ello ha implicado un comienzo de andadura con "dudas y complicaciones", aunque con "sincera voluntad de colaboración. En todo caso, recordó que la Comunidad de Madrid dedica a la atención a dependientes y sus familias 700 millones de euros anuales. Así, recalcó que la Comunidad de Madrid presta atención a 465.000 personas dependientes y a 72.000 familias.

Mientras, la concejala de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aseguró que está "expectante" por conocer los desarrollos reglamentarios de la Ley de Dependencia, en especial el nivel mínimo garantizado y cuál va a ser el copago. Botella también apuntó que el municipio atiende a 100.000 personas mayores con algún grado de dependencia.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

Las tres responsables políticas que intervinieron en la inauguración de este Congreso apostaron también por las políticas de envejecimiento activo. Así, Valcarce subrayó que este año habrá más de un millón de plazas en el programa de vacaciones y 200.000 en el de termalismo.

El presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, recordó que el VIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores se centrará en la revisión de cumplimiento del Plan de Acción Internacional de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (PAIM) y de las Recomendaciones del Foro Mundial de ONG paralelo. En total, 48 entidades de toda España se dan cita en un encuentro que apostará por el "envejecimiento activo y la no discriminación por razón de edad.