EL CAIRO, 15 Jun. (Reuters/EP) -
Activistas opositores egipcios y ONG han presentado este jueves varias apelaciones para que se revoque el decreto aprobado por el Gobierno que da al Ejército y a los servicios de Inteligencia la capacidad de detener a civiles.
En total, 17 ONG han rellenado una solicitud administrativa para intentar detener la medida, aprobada por el Ministerio de Justicia, al considerar que supondría la reintroducción de la Ley de Emergencia, que expiró en mayo.
La medida supone volver a conceder al Ejército una potestad que había mantenido en los últimos treinta años por la vigencia de la Ley de Emergencia, que restringía las libertades básicas de los ciudadanos y otorgaba capacidades reforzadas a las autoridades en materia de seguridad.
Tras la derogación de esa norma, exigida por los manifestantes que, con sus protestas, lograron derrocar el 11 de febrero de 2011 al entonces presidente, Hosni Mubarak, los únicos que podían detener a civiles eran los agentes de la Policía, que depende del Ministerio del Interior.
El decreto señala que los militares podrán detener a los civiles que hayan cometido delitos que afecten al Gobierno, que tengan o usen explosivos, se resistan a las autoridades, que hayan participado en la destrucción de propiedades privadas o monumentos, por obstruir el tráfico y por hacer huelga en instituciones que "sirvan para el bien público" o afecten al derecho al trabajo.
"La ley abrirá la puerta para la intervención del Ejército en las vidas diarias de todos los egipcios. La revolución tuvo lugar para asegurar que todos siguen el mandato de la ley y para eliminar los irracionales poderes extrajudiciales dados a la Policía y el Ejército", han dicho los grupos en su demanda.