BAEZA (JAÉN), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Ecología y presidente de WWF-España (Adena), Francisco Díaz Pineda, consideró hoy que "existe el peligro" de que los proyectos urbanísticos que se están realizando en el Cabo de Gata (Almería) lleven a la Unesco a retirar la catalogación de Reserva de la Biosfera que tiene en la actualidad, tal y como advirtió la asociación 'Amigos del Parque' la pasada semana.
En declaraciones a Europa Press, Díaz Pineda, director de uno de los cursos que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), explicó que esta figura, concedida al espacio almeriense en 1998 y que debe ser renovada cada diez años, es un "reconocimiento internacional de los valores de un territorio".
En ese sentido, aclaró que ser Reserva de la Biosfera implica, "no sólo ambientes, procesos y componentes naturales", sino también manifestaciones "ejemplares" de actividades humanas agrícolas ganaderas y forestales, "es decir, dignas de ser consideradas como valiosas".
Sostuvo que se otorga esta consideración porque "se dan una serie de condiciones" y que, si éstas no se cumplen, "lógicamente" la Unesco "se retrotrae a una situación anterior a la declaración y vuelve atrás en sus propósitos" porque el nombramiento de la Reserva de la Biosfera "se otorga con unos requisitos".
No obstante, incidió en que el Gobierno debería ver "qué puntos de la declaración no se cumplen e intentar dar marcha atrás", a pesar de que, a su entender, el trabajo de la Administración con proyectos como el de Marinas de Aguamarga, La Fabriquilla o El Algarrobico es "difícil".
De igual modo, dijo "no saber hasta donde alcanza" la capacidad de la Administración de intervenir existiendo "unos ordenamientos de tipo jurídico que sientan un precedente", subrayando al tiempo que con el Algarrobico la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, lo hizo "muy inteligentemente y simplemente aplicó la Ley de Costas".
La pasada semana, el colectivo conservacionista 'Amigos del Parque' instó en un comunicado a la Junta de Andalucía a que impidiese la realización de la urbanización en Aguamarga al provenir de "un plan parcial ilegal redactado sobre una zona considerada hábitat prioritario y exclusivo por la UE" y recordó que ya denunció el proyecto ante la comisión de peticiones europea, una denuncia que ha derivado en la apertura de un expediente contra el Gobierno español.
