AI denuncia la detención de ocho personas por "cruzar la línea roja" sobre la monarquía y el Sáhara

LONDRES 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha denunciado la detención por parte de las autoridades marroquíes de ocho personas, el pasado mes de octubre, al parecer por haber "cruzado la línea roja" sobre dos "tabúes" tan delicados como la monarquía y la situación del Sáhara Occidental y ha advertido de que estas detenciones suponen "un grave atentado contra la libertad de expresión".

Idriss Chahtane, director de la publicación semanal 'Almichaal', fue detenido tras publicar un artículo sobre el rey. Los otros siete son saharauis detenidos tras visitar los campamentos de Tinduf dirigidos por el Frente Polisario en el suroeste de Argelia. Todos están en la prisión civil de Salé, cerca de la capital, Rabat. Amnistía Internacional considera que los ocho son presos de conciencia, "detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a expresarse pacíficamente", y ha pedido su libertad "inmediata e incondicional".

Según el comunicado de AI, Idriss Chahtane lleva recluido en la cárcel civil de Salé desde el 15 de octubre, tras la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Rabat de condenarlo a un año de prisión. Fue declarado culpable, en aplicación del artículo 42 del Código Penal de Marruecos, de difundir información falsa con "intención maliciosa" en relación con un artículo sobre la salud del rey Mohamed VI publicado en septiembre por el periódico 'Almichaal', en el que llevaba casi seis años trabajando. Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar una multa de 10.000 dirham (casi 900 euros).

El tribunal ordenó prisión inmediata para Idriss Chahtane a instancias de la Fiscalía General, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. El 15 de octubre, a las tres y media de la tarde, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se presentaron en la sede de 'Almichaal' para llevar a cabo la detención. Según informes, Idriss fue llevado ante la Policía de Casablanca antes de su traslado ese mismo día a la cárcel civil de Salé.

Amnistía Internacional ha expresado igualmente su preocupación por el hecho de que Idriss Chahtane está recibiendo, al parecer, "un trato punitivo" en la cárcel civil de Salé: "lo mantienen en régimen de aislamiento, lo obligan a dormir en el suelo con unas mantas como único colchón y, en varias ocasiones, no le han permitido pasar tanto tiempo al aire libre como otros reclusos en el patio de la prisión", denunció AI.

Según sus propias declaraciones, varios compañeros reclusos lo insultan porque consideran que está "contra el rey". El 30 de octubre inició una huelga de hambre de tres días como medida de protesta por sus condiciones de reclusión. Además, al menos en una ocasión, las autoridades penitenciarias no permitieron que su esposa, Siham Mekouar, que acude a visitarlo semanalmente con su hija de dos años y que está esperando otro hijo, le llevara alimentos. Siham afirma que su esposo ha perdido mucho peso desde que fue encarcelado.

Otros dos periodistas de 'Almichaal', Rachid Mahamid y Ali Mustafa Hiran, también fueron declarados culpables de participar en la publicación del artículo en el periódico (artículo 68 del Código Penal) y condenados a tres meses de cárcel y una multa de 5.000 dirham (unos 653 dólares estadounidenses). Continúan en libertad en espera de la conclusión de un recurso de apelación sobre su causa. Amnistía Internacional ha pedido que se anulen sus condenas.

LOS PRESOS SAHARAUIS

Los siete presos de conciencia saharauis llevan recluidos en la cárcel civil de Salé desde el 16 de octubre. Los detuvieron el 8 de octubre en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca, nada más desembarcar del avión a su regreso de Argelia.

Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek pertenecen a varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil, entre ellos la sección de Sáhara Occidental de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) y el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA). "Varios de estos grupos y organizaciones tienen una larga trayectoria de vigilancia y denuncia de las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el Sáhara Occidental", afirmó Amnistía.

El 15 de octubre, el fiscal general de la Corona del Tribunal de Apelación de Casablanca ordenó el traslado de su causa a un tribunal militar, el Tribunal Permanente de las Reales Fuerzas Armadas de Marruecos en Rabat, en el que un juez instructor se ha hecho cargo de la investigación. Los siete se enfrentan a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su "integridad territorial", en aplicación de los artículos 190, 191, 206 y 207 del Código Penal.

Las personas declaradas culpables en virtud del artículo 191 pueden ser condenadas a muerte en tiempo de guerra. "Existen indicios de que las autoridades marroquíes argumentan que Marruecos está en guerra con el Frente Polisario y que esta pena podría aplicarse en consecuencia", advirtió AI. "Amnistía Internacional estaría totalmente en contra basándose en que existe un alto el fuego entre el Frente Polisario y Marruecos vigente desde 1991", prosiguió.

"Amnistía Internacional se opone de manera inequívoca a que se juzguen civiles ante tribunales militares, y teme además que los cargos formulados contra los siete activistas se deban a sus actividades legítimas en favor de la libre determinación del pueblo saharaui", se lee en el comunicado.

Asimismo, considera que las actividades presuntamente llevadas a cabo por los siete en su visita a Argelia --incluidos los campamentos de Tinduf-- entre el 26 de septiembre y el 8 de octubre, como reunirse con representantes del Frente Polisario y asistir a festivales y otros actos organizados en su honor, "no suponen otra cosa que el ejercicio legítimo y pacífico de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, consagrado en las leyes y normas internacionales".

La organización de Derechos Humanos considera "preocupante" que las autoridades marroquíes estén tratando como asunto de seguridad nacional las actividades políticas pacíficas que cuestionan la "integridad territorial" de Marruecos. "El Estado marroquí no debe interpretar las actividades en favor de la libre determinación y la financiación de esas actividades, siempre que no supongan hacer uso o apología de la violencia, como amenazas a la 'seguridad nacional'", aseveró la ONG.

La organización insiste en que "un Gobierno jamás puede justificar la imposición de duras restricciones sobre la libertad de expresión utilizando como excusa la amenaza política no violenta a la integridad territorial".