MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha exigido al Gobierno filipino que garantice "con urgencia" la protección de los testigos de la matanza del pasado lunes de al menos 57 personas en la provincia de Maguindanao (sur) y ha reclamado que el caso no quede impune, "como ha ocurrido en el pasado con la inmensa mayoría de los casos de homicidio político".
"Uno de los mayores escollos que ha encontrado la justicia en Filipinas en los casos de violaciones de Derechos Humanos han sido las intimidaciones a testigos, a las que se suman a veces sobornos y otras formas de persuasión", manifestó la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Donna Guest.
"Teniendo en cuenta que la familia Ampatuan ha hecho a menudo uso de milicias privadas para mantener su dominio en Maguindanao, hay razones suficientes para temer por la seguridad de los testigos y la protección de las pruebas", añadió. El alcalde de la localidad de Datu Unsay, Andal Ampatuan, cuya poderosa familia controla la política local en Maguindanao (en la isla de Mindanao), se encuentra detenido, y podría enfrentarse a múltiples cargos de asesinato. Ha negado su participación en la matanza.
Según Amnistía Internacional, "la incapacidad" de los investigadores de Filipinas para reunir y presentar pruebas forenses y circunstanciales en los procesos judiciales ha dado lugar a un "exceso de dependencia" de los testimonios de testigos presenciales. "A juzgar por las imágenes del lugar de la matanza mostradas por los medios de comunicación, no se han tomado apenas medidas adecuadas para recoger pruebas forenses", señaló.
"Hasta ahora, el Gobierno filipino ha respondido con alentadora rapidez y seriedad a este suceso, pero debe demostrar que establecerá los mecanismos adecuados para garantizar que se hacen rendir cuentas de manera transparente y creíble", añadió Guest. "Este caso, que ha conmocionado al país y al mundo, no puede quedar impune, como ha ocurrido en el pasado con la inmensa mayoría de los casos de homicidio político", advirtió.
Amnistía Internacional pidió también al Gobierno de Filipinas que solicite la ayuda de la comunidad internacional para ocuparse de los aspectos técnicos de esta investigación. En ese sentido, recordó que la Unión Europea y el Gobierno filipino han firmado un acuerdo para mejorar la calidad de las investigaciones y enjuiciamientos iniciados en Filipinas por ejecuciones extrajudiciales.
Según informaciones que han llegado a Amnistía, la mayoría de los testigos "no confían" en el actual programa de protección de testigos y temen que, si se producen largas demoras en el proceso judicial, no se les brinde protección ni a ellos ni a sus familias en caso de que sea necesario hacerlo durante varios años.
"Debido a la falta de confianza en la imparcialidad de la Policía, el temor a sufrir represalias y la falta de un programa efectivo de protección de testigos, la mayoría de las investigaciones son poco efectivas y no permiten identificar, detener, juzgar y condenar a los responsables de los delitos", concluyó la organización.
