Denuncia la "grave dimisión de responsabilidades" de los servicios públicos y piden un "pacto de Estado" que garantice atención social para todos en todo el territorio nacional
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Cáritas recibió 597.172 peticiones de asistencia básica en 2008, la cifra más alta de los últimos 40 años, por el "bajo nivel de protección social" que ofrecen las administraciones públicas españolas para afrontar la crisis económica y el crecimiento del desempleo, según explicó hoy el secretario general de la organización, Silverio Agea.
Esta es una de las principales conclusiones del informe 'La respuesta de Cáritas ante la crisis', que recoge un sondeo entre el 60 por ciento de las 68 Cáritas Diocesanas que operan en el territorio nacional, y revela que las peticiones de acogida y asistencia primaria se incrementaron un 50% de media en toda España durante 2008, aunque en algunas delegaciones, como las de Andalucía y las grandes ciudades, el crecimiento alcanzó el 70%
Agea explicó que del millón de personas que atendió Cáritas en 2007, un total de 400.000 demandaron ayudas económicas para servicios básicos, en su mayoría, relativos a la vivienda y a la alimentación, como en los últimos años. En 2008, la tendencia se invirtió: el número de solicitantes ascendió a 600.000, y se registró un incremento cercano al 90 por ciento en las peticiones de ayuda para alimentos, que ocuparon el primer lugar en las demandas, seguido de la vivienda.
Este incremento de los solicitantes se debe a dos "nuevas pobrezas" generadas con la crisis económica: la de quienes han pasado de la vulnerabilidad a la carestía por la pérdida del empleo, y la de aquellas personas que habían participado en procesos de inserción social con Cáritas y que dada su situación de precariedad, se han visto de nuevo obligadas a acudir al servicio por caer en exclusión social.
En términos generales, los solicitantes de ayuda pertenecen a cinco grupos determinados: familias jóvenes con niños pequeños, parados recientes que comienzan a agotar la prestación por desempleo y a entrar en situación de 'ingreso cero' en sus hogares, hombres solos sin hogar y en paro, mujeres mayores con pensiones mínimas e inmigrantes en situación irregular que han visto empeorada su situación.
Sobre este colectivo, Agea destacó se han incrementado las solicitudes de asesoramiento jurídico para pedir la regularización por arraigo, porque han pasado tres años desde el proceso de regularización masiva y mucha gente se quedó fuera, así como han crecido las peticiones de ayuda para reagrupación familiar, porque los inmigrantes temen que la reforma de la ley acabe con este sistema.
El informe de Cáritas advirte de que uno de cada tres hogares sin ingresos en España está conformado por extranjeros, entre otros motivos porque "en menos de un año, los inmigrantes han perdido más de medio millón de puestos de trabajo". Además, quienes tenían una tarjeta de residencia temporal están en "grave riesgo de caer en irregularidad" al perder su empleo y, quienes sí tienen un permiso indefinido, "se encuentran en situación de extrema supervivencia".
UN PACTO DE ESTADO
La organización católica atribuye estas cifras, entre otros motivos a la "grave dimisión de responsabilidades" de los servicios sociales públicos en la atención a los más desfavorecidos, una dejación que se traduce en que el 52 por ciento de las personas que atiende Cáritas han sido derivados desde los ayuntamientos.
"Cáritas tiene el deber moral y el compromiso de fe para atender a estas personas, pero quienes tienen la obligación son las administraciones públicas, que son quienes administran nuestros impuestos y nuestros bienes: tienen que incrementar los recursos", afirmó Agea, quien defendió un "pacto de Estado" para llevar a cabo esta iniciativa que debería cubrir a todos los necesitados en todo el territorio nacional, sin diferencias entre autonomías.
Junto al informe 'Cáritas ante la crisis', la organización ha presentado un estudio elaborado por los expertos Miguel Laparra (Universidad Pública de Navarra) y Luis Ayala (Universidad Rey Juan Carlos) sobre el sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social. El trabajo incide en que el sistema de protección social español está "siete puntos por debajo de la Unión Europea" y destaca la falta de un auténtico sistema de garantía de ingresos mínimos.
La organización propone que se ofrezca una protección equivalente al 80 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional como "medida de subsistencia" para aquellos "que se están quedando sin nada". Esta iniciativa supondría un coste de entre 1.700 y 2.200 millones de euros para el Estado, una cifra importante, pero "cuantitativamente no relevante" en comparación con las sumas que se están manejando en los paquetes económicos aprobados para dar respuesta a la crisis.
Las propuestas de Cáritas y los dos informes elaborados sobre la crisis social derivada de la económica serán remitidos a los grupos parlamentarios y al Gobierno, según explicó Agea, quien incidió en que la organización, que nunca ha estado centrada en la asistencia primaria, tiene el objetivo de complementar los servicios públicos, no sustituirlos.
