MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a los poderes públicos diez medidas estructurales para luchar contra el binomio "discapacidad y pobreza" y fomentar la inclusión social del colectivo en 2010, declarado 'Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social'.
Así, solicita el incremento de tres puntos anuales de la tasa de actividad de estas personas, así como el aumento progresivo de la cuantía de las pensiones no contributivas por discapacidad. Además, insta al Gobierno a elevar al seis por ciento de la reserva legal de vivienda pública accesible en favor de personas con discapacidad y a modificar la legislación fiscal aplicable a los productos de apoyo "a fin de que queden exentos de tributación".
Por otra parte, pide que se reforme la normativa reguladora de la prestación ortoprotésica para actualizar y ampliar los productos de autonomía personal que se proporcionan. Asimismo, pide que se adelante a 2012 el plazo límite para el despliegue efectivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), hasta ahora fijado en 2015, "de modo que todos los beneficiarios reciban una prestación suficiente acorde con su situación".
Igualmente, proponen crear en el plano nacional, autonómico y local un "auténtico espacio socio-sanitario", con la aprobación de una 'Ley estatal de Apoyo Integral a las Familias'. Además de la implantación y despliegue de todas estas medidas pide que se tenga en cuenta el enfoque de género en favor de las mujeres con discapacidad que "sufren más intensamente los efectos de la pobreza y la inclusión".
DISCRIMINACIÓN EDUCATIVA
En este sentido, el comité denuncia que este grupo social "está discriminado en el ámbito educativo, alcanzando inferiores niveles de estudios que el resto de la población porque dispone de menos oportunidades para estar activas laboralmente y se ve afectado con mayor intensidad por el paro y la precariedad laboral".
Por todo ello, el colectivo exige que el 'Año Europeo 2010', en el plano nacional, "no sea únicamente una ocasión para las declaraciones retóricas, sino que permita avanzar en la inclusión social de la discapacidad". Para lograrlo, insta a las autoridades políticas y a las administraciones a desplegar este programa de medidas para la acción inclusiva.
