CERMI solicita a la Defensora del Pueblo que pida al Gobierno la modificación del programa de renta activa de inserción

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que inste al Gobierno a modificar el Real Decreto por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, con el objetivo de mantener las medidas que existían respecto de las personas con discapacidad.

Asimismo, el presidente del CERMI, Luis Cayo, en una carta dirigida a la Defensora del Pueblo, ha denunciado las restricciones que presenta la renta activa de inserción para las personas con discapacidad.

En cuanto al Real Decreto, el comité considera que "no tiene en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y debe ser modificado". En este sentido, ha denunciado que el actual decreto "ha cambiado las condiciones de acceso a la renta activa de inserción para personas con discapacidad al eliminarse una medida de acción positiva".

Además, ha explicado que el Real Decreto establecía que para ser beneficiario de la renta activa de inserción requería "la extinción de la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial, excepto en el caso de que se tratara de una persona con discapacidad". Sin embargo, ha apuntado que tras la modificación "se ha suprimido la excepción y ahora también deben acreditar que han agotado las prestaciones por desempleo".

Para el CERMI, esta medida es "injusta y discriminatoria para las personas con discapacidad, puesto que muchísimas de ellas no llegan a acceder a un empleo que genere prestaciones de desempleo". Así, ha indicado que esto "perjudica gravemente" a las personas con discapacidad al haberse suprimido "una medida positiva que se dirigía a superar las desventajas de dichas personas en el mercado de trabajo".

Por último, el CERMI opina que los poderes públicos y el Gobierno deben adoptar medidas positivas para "corregir estas desventajas y discriminaciones" y así, "garantizar la plena igualdad".