MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura, plataforma integrada por 44 organizaciones de defensa de los derechos humanos, aseguró hoy que la Oficina del Defensor del Menor "no se toma en serio" esta cuestión y "parece dudar" de la existencia de los casos denunciados cuando atañen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La plataforma hizo público un comunicado en el que critica que en el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2006, de 1.710 páginas, las palabras "tortura" y "policía" sólo se relacionen en la causa seguida contra 13 policías locales de Torrevieja (Alicante) y que la primera expresión se utilice únicamente para referir las situaciones sufridas por ciudadanos españoles detenidos en Marruecos y encarcelados en prisiones marroquíes o vecinos que sufren el 'botellón' y otras actividades festivas.
Según este colectivo, que remitió al Defensor del Pueblo 642 casos de supuestas torturas en 2005 y otros 610 en 2006, el informe reitera "viejas recomendaciones" para solicitar la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes imputados en este tipo de casos, a fin de "evitar las prescripciones y que en prisiones sean funcionarios de otros centros penitenciarios los que realicen las investigaciones".
VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
De igual modo, la plataforma considera que los derechos humanos y la exclusión social "no interesan" al Defensor del Pueblo, ya que "ambos términos aparecen de manera difuminada y muy limitada a lo largo del texto del informe y sólo para referirse a su vulneración fuera de nuestras fronteras o a cursos, organismos, convenios o tribunales internacionales que llevan dicho calificativo".
Añade que en materia penitenciaria el informe se limita a recomendar que "se garanticen los derechos de los presos a fotocopiar, a acceder a ropa limpia en las conducciones y, para los enfermos psiquiátricos, a tener llamadores en sus celdas y poder llamar por teléfono a sus familiares".
En relación con la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura aprobado en diciembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comenzará a aplicarse antes de tres años, según anunció hoy el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la Coordinadora reclamó la puesta en marcha de "un mecanismo de nueva creación integrado por personas que cuenten con capacidad y conocimientos profesionales reconocidos y demostrados y un compromiso firme en materia de derechos humanos".
