La ONG Andalucía Acoge considera que esta petición vincula la ciudadanía a la vecindad administrativa y no a la nacionalidad
SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha reclamado a la Junta de Andalucía que reconozca a los inmigrantes residentes en Andalucía su derecho a recibir incentivos para acceder a los dispositivos y servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y acceder a la sociedad del conocimiento en igualdad de condiciones.
De este modo, según una resolución del Defensor del Pueblo a la que tuvo acceso Europa Press, Chamizo insta a la Consejería de Economía, Ciencia e Innovación a modificar "con urgencia" la orden de 9 de diciembre de 2009 para la concesión de incentivos destinados a la adquisición de dispositivos y servicios TIC para personas con discapacidad y mayores e incluir como posibles beneficiarios a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía, dejando sin efecto el requisito de tener la nacionalidad española.
Según el Defensor, con esta orden "se vulnera el derecho a acceder a esta ayudas" a los ciudadanos extranjeros que, pese a no tener la nacionalidad española, tienen derecho al poseer la vecindad administrativa en Andalucía --es decir, estar inscritos en el padrón--, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que establece que los destinatarios de las políticas públicas de la comunidad son "las personas con vecindad administrativa en Andalucía".
De hecho, incide en que los extranjeros, "tengan o no la consideración de inmigrantes, con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios andaluces, poseen los mismos derechos estatutarios que los españoles residentes en la comunidad andaluza".
Chamizo subraya que el derecho a acceder a estos incentivos para facilitar el acceso a las TIC se incluye dentro de los derechos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Señala que es evidente que dentro del colectivo extranjero hay personas en situación de dependencia y mayores y que, además, el Estatuto establece como principio rector de las políticas públicas la "integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes".
Además, resalta el significado que para el colectivo extranjero, y especialmente inmigrante, dentro del cual existe una "importante brecha digital" tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la adquisición de las habilidades necesarias para su utilización.
Insiste en que una política pública destinada a fomentar el acceso de uno de los derechos previstos en el Estatuto de Autonomía "no puede ignorar, sin vulnerar el propio Estatuto, a los extranjeros residentes en Andalucía que se encuentran en la misma situación que los españoles incluidos en la orden de subvenciones".
EXTENSIÓN A TODA LA NORMATIVA
Asimismo, pide a la Junta de Andalucía que, en lo sucesivo, y a la hora de establecer cualquier plan, programa o norma que prevea medidas para facilitar el acceso a la Sociedad de la Información y la adquisición de habilidades para desenvolverse en su seno, "incluya a la población inmigrante en los mimos términos en que se contemple a la población andaluza".
Por otro lado, según señala la ONG Andalucía Acoge, el reconocimiento de la población extranjera como titular de derechos y deberes sociales en la mismas condiciones que la española y en función de la vecindad administrativa que realiza el Defensor del Pueblo Andaluz supone un "gran avance al vincular a la vecindad y no a la nacionalidad el acceso a esos derechos en Andalucía".
De este modo, tal y como indica el coordinador del Equipo Jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, es "fundamental dar pasos hacia una normativa plenamente integradora que suponga el reconocimiento real del derecho a la ciudadanía de la población extranjera, independientemente de su lugar de procedencia".
Así, recuerda la "contribución de las personas inmigrantes al crecimiento económico en los últimos años y la necesidad de asegurar sus derechos al margen de la coyuntura económica".
