VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista WWF/Adena presenta hoy su 'Incendiómetro 2007' donde analiza la vulnerabilidad de las comunidades ante los incendios forestales y donde Galicia, Extremadura y Castilla y León figuran como las zonas con mayor riesgo de sufrir los efectos del fuego, según un comunicado de la entidad recogido por Europa Press.
Con esta herramienta, la organización quiere incentivar el desarrollo de soluciones eficaces a la principal amenaza de los montes, poniendo el acento en los retos y debilidades de las políticas autonómicas vinculadas a los incendios.
El 'incendiómetro 2007' de WWF/Adena es un estudio detallado en el que se analiza, por comparación relativa entre las comunidades, su vulnerabilidad ante el fuego forestal. Sus resultados señalan a Galicia, Extremadura y Castilla y León, por este orden, como las zonas con mayor riesgo del país.
Entre las que se presentan como menos vulnerables, en términos relativos, destacan La Rioja, Aragón y Murcia.
Para realizar esta clasificación, WWF/Adena analizó diecisiete parámetros que valoran el riesgo asociado al déficit estructural de la gestión del territorio, el riesgo de que se declaren episodios graves de incendios y la eficacia de las políticas aplicadas en los últimos años.
Según señaló la organización en este documento, el análisis de los incendios durante los pasados veinte años muestra que, "gracias a los esfuerzos invertidos en extinción en la última década", se redujo la superficie media afectada en un 13,4 por ciento. Sin embargo, precisó que se ha experimentado un aumento de un 16,4 por ciento en el número de siniestros, a lo que se añade que se ha incrementado igualmente el impacto de los Grandes Incendios Forestales, que ahora queman casi un 10 por ciento más de superficie cada año.
Asimismo, según la organización, cada año se producen en España más de 21.000 incendios que queman unas 150.000 hectáreas y que generan graves impactos económicos, sociales y ambientales. Una valoración aproximada de los efectos sociales, ambientales y económicos de este problema arroja pérdidas superiores a 1.800 millones de euros al año.