MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Las personas con discapacidad son "prácticamente invisibles" en la política de Cooperación al Desarrollo y "resulta imposible estimar la ayuda que les llega a través de los fondos multilaterales", según el 'Estudio sobre la situación de la discapacidad en la Política Española de Cooperación para el Desarrollo' realizado por la experta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Beatriz Martínez Ríos y recogido en el número 35 del periódico 'cermi.es semanal'.
En este sentido, se estima que la cooperación española dedica un 0,76 por ciento de sus fondos bilaterales a programas sobre discapacidad y que estos fondos se reparten de manera dispersa tanto geográfica como sectorialmente, según informa el CERMI. "El uso que se hace de los fondos para Cooperación al Desarrollo podría ser más eficiente, si hubiera unas directrices claras sobre lo que se tiene que hacer", ha explicado Martínez Ríos.
El estudio destaca que el dato sobre discapacidad en el mundo sitúa en más de mil millones de personas que viven con discapacidad (el 15 por ciento de la población) y de ellos un 80 por ciento vive en países pobres, lo que arroja un total de más de 800 millones de personas, según las últimas aportaciones proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS 2011).
Según explica la autora del estudio, en estos países la discapacidad supone "una mayor exclusión mayor y un riesgo importante", donde las barreras "son mucho mayores" y tener una discapacidad, en muchas ocasiones, "puede suponer hasta la muerte porque hay una gran vulneración de los derechos y una gran discriminación".
Además, Martinez Ríos afirma que "la situación de estos países en vías de desarrollo es tan precaria que ni siquiera existen organizaciones de personas con discapacidad ni entidades que las representen". Por ello, opina que "una de las acciones más necesarias sería la capacitación y empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad en los países receptores para que ellos puedan influir en las políticas de su propio país y en las políticas de desarrollo".
Entre las principales recomendaciones que ofrece Martínez Ríos destaca "aplicar la ley" y conseguir que se establezca un procedimiento en la cooperación al desarrollo en un Plan Director, donde se tenga en cuenta a las personas con discapacidad para que se recojan sus reivindicaciones y demandas en las acciones que se lleven a cabo en la Cooperación Española. También, recomienda la creación de un punto focal sobre discapacidad que se dedique a "transversalizar la discapacidad en todo el trabajo de la cooperación para poder influir en todos los documentos de trabajo que se realicen".
La autora afirma que es "extraño que siendo España un país adelantado en temas de legislación para la discapacidad, en lo que se refiere al desarrollo, está muy atrasado". "España está aplicando en sus políticas nacionales, en lo que respecta a la discapacidad, una mayor exigencia que en su política de Cooperación al Desarrollo", ha criticado Martínez Ríos.
En este sentido, ha señalado que en materia de discapacidad las políticas de ayuda al desarrollo "han sido evaluadas y se sabe que no sólo se necesitan más fondos, sino que se necesita una planificación estratégica más eficaz y más coherente con la Convención de la ONU y que tenga en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad".
A raíz de la ratificación de la Convención de la ONU sobre Discapacidad por parte de España, en agosto de 2011 hubo una modificación de la Ley de Cooperación Internacional, por la que se incluye la "necesidad" de que las personas con discapacidad formen parte de las prioridades sectoriales de la Cooperación española y además, que los mecanismos e instrumentos de cooperación sean accesibles e inclusivos para personas con discapacidad.
