Actualizado 21/12/2007 18:46

El presidente del 'Arca de Zoé' defiende su inocencia en la primera sesión del juicio en Chad

PARIS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los seis miembros de la ONG francesa 'El Arca de Zoé' comparecieron el viernes ante el Tribunal Criminal de Yamena en la primera jornada de su juicio por el intento de secuestro de 103 menores a los que pretendían llevar de Chad a Francia y su presidente, Eric Breteau, aprovechó para hacer un largo alegato en defensa de su inocencia.

"El conjunto de las autoridades francesas fueron informadas de nuestra operación por escrito", señaló Breteau que leyó por espacio de una hora delante del tribunal una declaración refutando los cargos de los que se les acusa y ofreciéndose a presentar "pruebas y vídeos". Los seis franceses fueron detenidos en octubre pasado junto a tres periodistas y los siete tripulantes españoles de un avión cuando pretendía sacar desde Abéché (este de Chad) a 103 menores que aseguraban que eran huérfanos de Darfur para trasladarles a Francia.

Las autoridades chadianas les acusaron de "intento de secuestro" de los menores, que posteriormente se comprobó que no eran huérfanos, puesto que la mayoría tenían al menos un pariente adulto, y no procedían de Darfur, sino de las localidades chadianas fronterizas con esta región. Sin embargo, Breteau defendió hoy que los menores sí procedían de esta región sudanesa.

"Contesto los hechos que se me imputan", afirmó el presidente de la ONG con firmeza. "Deseo responder punto por punto (...) aportando las pruebas necesarias para demostrar la verdad", añadió, asegurando que "nadie ha planteado nunca la más mínima duda del origen sudanés de los niños presentes en nuestras bases".

Además quiso dejar claro que la operación organizada por su ONG, bautizada como 'Children Rescue' (rescate de niños) se realizó con conocimiento de las autoridades. "Antes de lanzar nuestra operación de salvamento de huérfanos de Darfur, el conjunto de las autoridades francesas fueron informadas de nuestra acción por escrito", explicó en su declaración, según informan los medios galos.

En este sentido, indicó que se informó "por escrito" tanto a la Presidencia de la República como a los Ministerios de Interior, Justicia y Asuntos Exteriores, además del Parlamento y al juez de menores de Reims-Vatry, la región del este de Francia donde iban a ser acogidos los 103 menores. Así pues, concluyó, la operación "no puede de ningún modo calificarse de secreta y clandestina".

Sin embargo, explicó, por "razones de seguridad, tomamos la decisión de la confidencialidad respecto a nuestro personal local (...) al igual que los representantes de las autoridades locales, con el fin de evitar cualquier fuga de información que hubiera podido poner en peligro la operación". Sobre todo, precisó, "para no levantar las sospechas de los servicios secretos sudaneses".

Tras Breteau, también declaró el experto logístico Alain Péligat, antes de que el presidente del Tribunal aplazara hasta mañana la sesión. Junto a los seis franceses miembros de la ONG también están imputados en el caso tres chadianos y un sudanés. Los empleados del 'Arca de Zoé' podrían ser condenados a penas de entre 5 y 20 años de trabajos forzados.

CUMPLIR LA PENA EN FRANCIA

Desde París, y tras ser preguntado por el inicio del proceso, el portavoz del Elíseo, David Martinon, recordó hoy que existe "una convención judicial entre Francia y Chad" y ésta prevé que "si en efecto las autoridades chadianas lo piden y si los interesados lo desean, en la hipótesis de que sean condenados, podrían cumplir su pena en Francia".

El Elíseo se desmarcó desde el principio de la operación de la ONG, asegurando que les había advertido de que no siguieran adelante con sus planes y de hecho fueron las autoridades francesas las que dieron la voz de alarma a las chadianas para que se abortara la operación.

Sin embargo, esta mañana, el secretario de Estado para las Relaciones con los Países Francófonos, Jean Marie Bockel, indicó a la cadena LCI que el Gobierno francés está manteniendo contactos "al más alto nivel" con el Ejecutivo del presidente, Idriss Deby, con el fin de que los detenidos puedan volver inmediatamente a Francia tras concluir el tribunal.