Un nuevo informe denuncia la "impunidad" y lamenta que se admitan en los juicios pruebas obtenidas mediante tortura
LONDRES, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas, malos tratos y los homicidios en Turquía se siguen beneficiando de una "persistente impunidad", al tiempo que lamentó que algunos tribunales admitan a trámite como pruebas para los juicios declaraciones presuntamente extraídas mediante torturas y que la Ley de Lucha contra el Terrorismo no exprese de forma explícita que el uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario y proporcionado.
Según un informe de la organización humanitaria hecho público hoy, la investigación y el procesamiento de graves violaciones de Derechos Humanos perpetradas por agentes de la Policía y de la Gendarmería están "llenos de deficiencias", agravadas por las decisiones contradictorias de fiscales y jueces. La consecuencia es el retraso o la denegación de la justicia a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos.
"El sistema de justicia penal necesita una reforma que sitúe firmemente la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos por encima de lo que se consideran intereses de las instituciones y los altos cargos del Estado", declaró la directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth.
El informe de Amnistía Internacional examina los factores que contribuyen a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos retrasos administrativos, fallos en los procedimientos judiciales e intimidación de personas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y periodistas.
El informe subraya la ausencia de un órgano independiente que pueda investigar de forma imparcial y eficaz las violaciones de Derechos Humanos perpetradas por funcionarios y la falta de un sistema centralizado de recopilación de datos sobre violaciones de Derechos Humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad.
El informe documenta casos de torturas y malos tratos cometidos por las fuerzas de seguridad en el transcurso y después de manifestaciones, tanto en las cárceles como durante el traslado de presos. Asimismo, denuncia la falta de avances en la investigación de incidentes de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad con consecuencias letales en situaciones que no eran enfrentamientos armados y que podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales.
También revela que en algunos juicios los tribunales admitieron a trámite declaraciones presuntamente extraídas bajo tortura y que constituyeron una parte fundamental de las pruebas. Asimismo, denuncia que algunos tribunales se han negado a reconocer pruebas medicas independientes en casos de tortura u otros malos tratos. Los tribunales normalmente sólo aceptan las pruebas facilitadas por el Instituto Médico Forense, vinculado institucionalmente al Ministerio de Justicia.
Otro aspecto denunciado en el informe es la reintroducción de una disposición polémica en la revisada Ley de Lucha contra el Terrorismo que no expresa de forma explícita que el uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario y proporcionado y que el uso de fuerza letal sólo es permisible cuando sea "estrictamente inevitable para proteger una vida".
Un caso citado en el informe ocurrió en marzo de 2006, cuando se efectuaron detenciones en masa tras unas manifestaciones contra el Gobierno en Diyarbakir, este de Turquía. Según Amnistía, hubo numerosas denuncias de torturas u otros malos tratos bajo custodia policial.
Los informes del servicio de asistencia letrada del Colegio de Abogados revelaron que el 95 por ciento de los detenidos, en ocasiones menores, habían sido torturados o víctimas de alguna otra forma de maltrato. Según los informes, se abrieron 34 investigaciones sobre denuncias de tortura u otros malos tratos. "Más de un año después, no se habían emprendido acciones judiciales contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad", denuncia el informe.
"TOLERANCIA CERO"
Amnistía Internacional acoge con "satisfacción" que el Gobierno turco se haya declarado a favor de una política de "tolerancia cero para la tortura" y de la protección de los Derechos Humanos. En este sentido, la organización señala "que hay menos informes de tortura y malos tratos bajo custodia judicial y que han mejorado las salvaguardias para la protección de los sospechosos contra los malos tratos durante su aprehensión, detención e interrogatorio".
No obstante, "el compromiso del Gobierno con la 'tolerancia cero hacia la tortura' no podrá considerarse una política sincera y plenamente efectiva hasta que se tomen verdaderas medidas para asegurar que los agentes que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos son puestos a disposición judicial", afirmó Nicola Duckworth.
"La 'tolerancia cero' hacia la tortura y otras violaciones graves debe suponer que los responsables son investigados de forma minuciosa e independiente, procesados y condenados", añadió.
"Sólo una política de 'tolerancia cero de la impunidad' aplicada en toda su amplitud terminará con el fantasma de la tortura y otros malos tratos, de los homicidios y de las desapariciones forzadas que aún malogra el expediente de Derechos Humanos de Turquía", concluyó.
HISTORIAL DE TORTURAS
Hasta hace poco, recuerda AI, la tortura era una práctica sistemática bajo custodia de la Policía y la Gendarmería en toda Turquía. Con el golpe de Estado de 1980 fueron detenidas un millón de personas, muchas de las cuales fueron torturadas y murieron bajo custodia policial, fueron sometidas a desaparición forzada o fueron juzgadas sin garantías.
En la década de 1990, prosigue la organización, las violaciones en masa de los Derechos Humanos en las regiones suroriental y oriental de Turquía, de mayoría kurda, se produjeron en forma de desapariciones forzadas y homicidios a manos de autores desconocidos que las autoridades del Estado no mostraron voluntad de resolver, y a través del desalojo forzoso de aproximadamente un millón de habitantes de poblados evacuados y destruidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto con los grupos armados separatistas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en reiteradas ocasiones que Turquía ha violado sus obligaciones internacionales en casos relacionados con el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni malos tratos y con los derechos a un juicio justo, a la libertad y la seguridad, a la libertad de expresión, a un recurso efectivo y a la protección de la propiedad.
