El 90% de los abortos practicados en Catalunya roza la "ilegalidad", según una experta

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 90% de los abortos practicados en Catalunya roza la "ilegalidad", según aseguró hoy la catedrática de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona (UB) Mirentxu Corcoy durante la presentación de un informe para regular la objeción de conciencia en el ámbito sanitario.

Según Corcoy, sólo el 3% de las 21.976 interrupciones de embarazos que se practicaron en Catalunya en 2006 tuvieron lugar en los hospitales públicos y alegando los supuestos de violación y malformación del feto, que establece la legislación española.

Por contra, el resto de las interrupciones voluntarias del embarazo tiene lugar en clínicas privadas. En su mayoría, se trata de madres que se acogen al tercer supuesto de la ley que permite abortar en cualquier momento de la gestación para evitar un "grave perjuicio" físico o psíquico para la salud del bebé o la madre.

En este sentido, la experta señaló que la práctica abortista en las clínicas privadas roza el "límite de la legalidad" al "llamar enfermedad psíquica al agobio", según Corcoy. "No existe tal enfermedad", sentenció.

PRÁCTICAS QUE MERECEN CASTIGO.

"Cuando se aduce salud psíquica, se lleva por la vía de la sanidad privada. El 80% o 90% --de las embarazadas-- van por la privada porque es mucho más sencillo", aseguró. "La regulación que tenemos del aborto facilita estas situaciones", consideró. Además, sostuvo que se trata de prácticas "punibles".

Por ello, la catedrática de Derecho Penal de la UB abogó por incluir "los supuestos no contemplados" en la Ley del Aborto, que data de 1989, como tener más hijos de los que se pueden mantener, entre otros. "El oscurantismo facilita estas situaciones", sostuvo.

La directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la UB, María Casado, añadió que la negativa a practicar abortos por el tercer supuesto en la sanidad pública responde a una "decisión política". Lamentó también que en España la legislación no ha llegado a cambiarse ni con gobiernos socialistas ni con el PP, a pesar de que ambos ejecutivos anunciaron en algún momento de gobierno u oposición que cambiarían la normativa, añadió.