Acuerdo en el Congreso para crear un sistema de alerta de tsunamis en España

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de PSOE, PP, PNV, CiU, ERC, ICV, Coalición Canaria e UPyD han acordado en el Congreso instar al Gobierno, a iniciativa de los socialistas, un sistema de alerta de tsunamis, coincidiendo con el desastre acaecido en Japón, y teniendo en cuenta las características sismotectónicas y geográficas del área donde se encuentra tanto la España peninsular como la insular mediterránea y atlántica.

Es más, piden al Ejecutivo que realice, en coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales que puedan verse afectadas, los estudios y previsiones que permitan disponer, en el plazo lo más breve posible, de este sistema de alertas, pudiendo establecer para ello los acuerdos que resulten necesarios con otros países del entorno geográfico español.

SÍ QUE PUEDEN SUCEDER EN ESPAÑA

El diputado socialista José Segura, que ha sido el encargado de defender la iniciativa, ha detallado que aunque la peligrosidad de tsunamis en España, "un país ribereño", es "estadísticamente inferior" que en otras zonas del mundo, sí que es "razonablemente posible" que puedan ocurrir estos fenómenos, habida cuenta de las características sismotectónicas y geográficas del área donde se encuadra tanto la España peninsular como la insular.

Así, indica que los estudios realizados ponen de relieve que es "especialmente en el océano Atlántico", al oeste del Estrecho de Gibraltar, donde la actividad de la falla Azores-Gibraltar produce sismos submarinos que por sus magnitudes y mecanismos son susceptibles de causar "maremotos destructores" que afecten a las costas españolas.

LOS DATOS HISTÓRICOS ASÍ LO REVELAN

Es más, añade que los datos históricos revelan que en esa zona se generaron los maremotos que afectaron con más intensidad al territorio español. De estos, el más "tristemente célebre", apunta, fue el causado por el terremoto de Lisboa de 1755, que asoló a las costas de Cádiz y Huelva.

Además, subraya que las costas mediterráneas tampoco están exentas de peligro, fundamentalmente con ocasión de terremotos ocurridos en el norte de Argelia, como demuestra la experiencia reciente del terremoto de mayo de 2003, que derivó en un tsunami con repercusión en importantes zonas del Mediterráneo occidental, llegando a producir daños en las costas de las islas Baleares.

Desde la óptica de la Protección Civil, Segura ha recordado que en España funciona desde hace tiempo un grupo de trabajo, constituido por varios organismos de la Administración General del Estado, que ha venido estudiando la posibilidad de anticipar la llegada de un tsunami a las costas españolas, al objeto de poder adoptar las medidas oportunas.

LAS COMPETENCIAS ESTÁN EN FOMENTO

Por parte de Coalición Canaria, José Luis Perestelo ha señalado que no cree que esta iniciativa vaya más allá de un acuerdo de la Cámara baja porque ya están establecidas esas competencias al Ministerio de Fomento.

Joan Ridao, de ERC, ha señalado que a simple vista puede parecer que se pide "algo desproporcionado" en esta iniciativa al calor de algún acontecimiento reciente --en referencia al tsunami de Japón--pero, según ha puntualizado, existen datos históricos que demuestran que en España han tenido lugar episodios de estas características. "No se está preparado para afrontar este tipo de amenazas en España", ha apostillado.

Desde el PNV, José Ramón Beloki, ha reconocido que existe "cierto riesgo" de tsunamis en España, especialmente en función del lugar en el que uno se encuentre, si bien ha alertado de que es necesario pertenecer a una red internacional de riesgo que estudie el fenómeno.

Pere Macias de CiU, ha indicado que la detección de estos fenómenos tiene que realizarse a partir de sistemas internacionales, si bien alguna autoridad nacional, en coordinación con las comunidades autónomas, debe mantener la alerta y evacuar lo antes posible y evitar daños personales.

Por parte del PP, la diputada María Teresa de Lara, ha indicado que coincide con estas propuestas del PSOE, al mismo tiempo que acredita que el Gobierno de España debería tener resuelto este problema desde 2008, de acuerdo con la normativa europea vigente.