MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones públicas han reservado este año un mínimo del 5 por ciento de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad, según informaron desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), aunque este cupo supera el 5, el 7 o hasta el 10 por ciento en algunas Comunidades Autónomas.
En concreto, la Administración General del Estado ha aprobado una reserva de un 7 por ciento de las plazas a este personal, porcentaje del que un 2 por ciento lo es específicamente, y también para personas que acrediten discapacidad intelectual.
Para optar a la convocatoria los interesados deberán enviar su solicitud de participación y acreditar la discapacidad mediante resolución oficial que reconozca un grado de discapacidad de, al menos, un 33 por ciento.
Determinados empleos públicos, como Judicatura, Ministerio Fiscal, Notarías y Registros, cuentan con normas propias de acceso, distintas de las generales, pero similares en cuanto a la regulación de los aspectos de discapacidad.
Además, las administraciones deben promover acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades, como facilitar medios materiales y humanos, adaptar tiempos adicionales en los procesos selectivos, garantía el acceso a la información,
dar preferencia en la elección de destino, adaptar los puestos de trabajo, y facilitar el acceso a la formación.