El PP afirma que el Ejecutivo ha convertido España en el "paraíso de las mafias" y CiU pide un consenso político en materia de inmigración
MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y Política Social han elaborado un informe que considera viable que las autonomías que reciban menores inmigrantes no acompañados procedentes de las Islas Canarias asuman su tutela, según explicó hoy la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Según explicó en una comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso sobre la política de inmigración del Gobierno, este informe, pendiente de confirmar por la Abogacía General del Estado, "apunta la viabilidad del cese de tutela en Canarias de los menores que pasen a otra comunidad autónoma y la asunción de la tutela por esta última".
De adoptarse esta decisión, podría solucionarse el "problema de carácter jurídico relativo a la tutela del menor" que, conforme explicó De la Vega, ha afectado a la ejecución del convenio que el Gobierno central firmó con el insular en diciembre de 2008 para el traslado a la Península de 500 menores.
Conforme ha expresado en reiteradas ocasiones la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojo, el Ejecutivo insular asumía los costes de manutención de los menores inmigrantes aún cuando éstos ya habían sido trasladados a otras comunidades autónomas, porque conservaba la tutela efectiva sobre los niños también fuera de su territorio.
En total, entre 2006 y 2008 fueron trasladados a la Península un total de 500 niños que habían llegado a Canarias de forma irregular y sin compañía de un adulto. Para el medio millar de niños que el Gobierno pactó transferir a partir de 2009, las comunidades autónomas han ofrecido un total de 339 plazas.
La vicepresidenta señaló que ya se han trasladado 70 menores a estas plazas, 83 se encuentran "en posibilidad de traslado inmediato", unos 78 "podrían ser tutelados por la comunidad de destino" y otros 108 serán trasladados a entidades colaboradoras "si su comunidad da el visto bueno".
Sobre este asunto, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, celebró que los servicios jurídicos del Gobierno hayan "podido ver la salida" en la transferencia de tutela y que así "se pueda empezar a trabajar" porque según apuntó, este criterio servirá también para que familias puedan acoger a estos niños en otras comunidades autónomas, lo que es necesario ya que "ha caído la llegada de inmigrantes adultos, pero se ha triplicado la llegada de menores".
En respuesta, la vicepresidenta reconoció que se ha mantenido una media anual de 5.000 niños tutelados por los servicios de protección de menores durante el último trienio y atribuyó el incremento de llegadas a la "mayor eficacia" de los procedimientos de repatriación, más complicados en el caso de los menores por la protección internacional a la que están sometidos.
No obstante, señaló que los países de origen "están muy concienciados" por la pérdida que supone para ellos la emigración de menores y jóvenes y se comprometió a "dedicar todo el esfuerzo" para abordar esta cuestión en todas sus dimensiones, desde las llegadas hasta la posterior integración y no sólo en Canarias, sino también en País Vasco, Andalucía y Valencia, las regiones que más menores acogen.
POLÍTICA GLOBAL DE INMIGRACIÓN
Durante su comparecencia, De la Vega hizo un repaso por todas las medidas articuladas en materia de inmigración tanto a nivel nacional como en el marco europeo o en relación a los países de origen de los inmigrantes. Así, afirmó que a nivel comunitario las iniciativas del Ejecutivo son "muy satisfactorias", que España "está aprobando con nota la asignatura pendiente con África" y que en las iniciativas que se han adoptado en el mercado interno "están dando resultado".
Entre otros ejemplos, señaló el Plan de Retorno Voluntario, al que a fecha de 3 de junio se habían acogido unos 4.000 extranjeros; al Plan África, por el que se han abierto 10 escuelas taller en seis países y se están promoviendo centros similares en otros 3; y la lucha contra la inmigración ilegal, porque la cifra de llegadas a las islas ha caído en más del 50% en el primer trimestre del año.
Por su parte, el portavoz del PP en materia de inmigración, Rafael Hernando, pidió a De la Vega que modificase "su discurso y su triunfalismo" porque la política del Gobierno "ha favorecido la inmigracion desordenada y descontrolada" y "ha convertido España en el paraíso de las mafias". En su opinión, desde la regularización masiva de 2004 "que aún tiene efecto llamada, (...) los que llegan saben que al final, el Gobierno los va a regularizar".
Asimismo, Hernando señaló que el número de permisos de residencia y trabajo para extranjeros registrados en las estadísticas del Gobierno experimentó un incremento en 2008, "en plena crisis económica" e ironizó sobre la "sostenibilidad" de este crecimiento en relación con el ritmo ascendente de la tasa de paro durante el mismo periodo.
FALTA CONSENSO
Por otra parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, emplazó al resto de grupos de la Cámara a conseguir un "consenso de fondo" en materia de inmigración, "un esfuerzo que es necesario para todos" y que servirá para definir los ejes de actuación de cara al futuro porque, según dijo, "la presión migratoria va a ser extremadamente menor de la recibida estos años".
El diputado del PNV, Emilio Olabarría, centró su intervención en el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería e incidió en su oposición a la anunciada restricción del reagrupamiento familiar, mientras que de parte del PSOE, Jesús Quijano, puso el acento en la diferencia entre la política de inmigración del PP, basada en el "somnífero y el avión rápido" y la del Gobierno, "que tiene en cuenta la verdadera dimensión del problema".
