La jueza imputa un delito de incendio forestal por imprudencia a ex altos cargos y técnicos de la Junta y a tres de los excursionistas
GUADALAJARA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo, ha dictado auto de procesamiento contra 20 personas por el incendio de Guadalajara de julio de 2005, en el que fallecieron 11 miembros de un retén anti-incendios, las mismas que había imputado anteriormente antes de que el procedimiento pasara a sumario.
Entre los mismos se encuentran ex altos cargos y técnicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como tres de los excursionistas que participaron en la barbacoa que originó el fuego. La jueza imputa a todos ellos un delito de incendio forestal por imprudencia grave, añadiendo otros delitos en casos puntuales.
Según el auto, con fecha de hoy y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza mantiene por tanto en número y nombres, las imputaciones que ya realizó cuando la instrucción se realizó por procedimiento abreviado. Este procedimiento se cambió a sumario tras un auto de la jueza del pasado 13 de noviembre en el que dejaba sin efecto la resolución del 20 de mayo por la que imputó por estos hechos a estas mismas 20 personas.
Entre los procesados se encuentran nuevamente la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo; el ex director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás; el delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; o el alcalde de La Riba de Saelices, José Luis Samper.
Entre los procesados también se encuentran el presunto autor de la barbacoa Marcelino Herce, y los que se supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados, mientras que la jueza ratifica el archivo la causa contra los otros cinco excursionistas del grupo: David Fanego, María Delgado, Serapia Cruz, Olga Fulgencio y Carlos Fernández.
A los delitos de incendio forestal por imprudencia grave, se añaden otros de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores en el caso de Carlos Damián Muñoz, técnico del teléfono de emergencias 112; Antonio Solís, jefe de coordinación provincial de incendios; así como Miguel Genaro Aguilar, Antonio Pallarés, José María Gaitán, Ángel Millán, y Alfredo Luis Chavarría, todos ellos técnicos de la Junta.
En el caso de Luis Miguel Carrascal, representante de la empresa Tragsa en Guadalajara, se imputa un presunto delito de incendio forestal y contra los derechos de los trabajadores, pero no el de homicidio por imprudencia profesional.
El resto de imputados son el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela; el responsable de Helisureste, Luis Miñano; y el que era responsable del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López.
HECHOS
En el relato de los hechos la jueza recuerda que Marcelino Herce fue el autor de la barbacoa que originó el fuego en la Cueva de los Casares, donde entonces el uso del fuego estaba permitido, pero que éste realizó "sin adoptar las medidas preventivas adecuadas". Por su parte, Iasson Klados y Juan José Jiménez Casado colaboraron con su participación, permaneciendo junto a las barbacoas. Aquí habla de la "desatención en la vigilancia y control del fuego, especialmente necesaria debido a las altas temperaturas".
Una vez originado el fuego, afirma que durante la gestión del Servicio de Emergencias, concurren "importantes defectos" en la ejecución del Plan de Emergencias, así como una "defectuosa ejecución" de funciones de los imputados. En cuanto a técnicos del 112 que se encargaron de coordinar las operaciones de extinción de incendios, la jueza aprecia igualmente "defectuosa ejecución y control" del Plan de Emergencias, con una "movilización tardía de medios humanos y materiales, y defectos en la dirección y coordinación de los existentes".
Aprecia que estas conductas evidencian "una gestión que diverge sustancialmente del contenido de las normas que resultaban de aplicación, siendo común la toma de decisiones apartadas de la esencia de las mismas y derivada de consideraciones particulares".
También habla de "deficiencias" en el mantenimiento de medios de extinción como Kamov y Velif, que se evidencian "en las averías que los mismos sufrieron en momentos clave del incendio y que afectaron a la extinción del mismo, "toda vez que los mismos resultaron temporalmente inoperativos".
A responsables municipales de La Riba de Saelices atribuye deficiencias en cuanto a la gestión del riesgo de incendios, medidas de prevención, ausencia de medidas específicas y adecuadas en el área recreativa y zonas aledañas así como en el estado de limpieza, ubicación, mantenimiento, seguridad y obras realizadas en las barbacoas.
EX ALTOS CARGOS
Sobre el ex director de Política Forestal, la jueza establece que durante su gestión se aprecian "deficiencias en cuanto a la prevención y lucha contra incendios forestales y estado del monte, todo ello en relación a las funciones que tenía encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo"; y sobre el director del Parque Natural del Alto Tajo, "deficiencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, estado del monte, medidas de gestión de riesgos de incendios, autorización del uso estival del fuego, control del uso de barbacoas, su vigilancia, mantenimiento y limpieza y ausencia de medidas específicas y adecuadas".
Por último, la jueza explica que durante la gestión de ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara se aprecian "deficiencias en cuanto a la prevención de incendios forestales, estado del monte, autorización del uso estival del fuego, control del uso de las barbacoas, su vigilancia y ausencia de medidas específicas"; y que durante la de la ex consejera de Medio Ambiente, "deficiencias en cuanto al control del uso de barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas, tal como la prohibición del uso del fuego, dadas las circunstancias concurrentes, toda vez que reconoce que la Consejería podría haber prohibido el uso del fuego pero lo supedita a a que hubiera habido algún informe o solicitud al respecto".
Igualmente, María del Mar Lorenzo dicta el sobreseimiento de la causa, como ya hizo durante el procedimiento abreviado, contra otras nueve personas, entre los se encuentran, además de cinco de los excursionistas, el responsable de la torre de vigilancia de La Riba, Carlos Rojo; el guarda forestal de la Cueva de los Casares, Emilio Moreno; así como Sagrario Gutiérrez y Carlos Vázquez, técnicos del 112.
